DOCUMENTO A 31 AÑOS DEL GOLPE

DOCUMENTO A 31 AÑOS DEL GOLPE
BASTA DE IMPUNIDAD, JUSTICIA YA!!!

El 24 de Marzo de 1976 se dio en nuestro país el más bestial y nefasto golpe de estado imponiendo el terror y la muerte cotidiana. Pero el terrorismo de estado había nacido antes, con el accionar de la Triple A y el operativo Independencia en Tucumán, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Hubo un perverso ensayo de desapariciones, torturas, crímenes y campos de concentración como la Escuelita de Famaillá y la intervención y militarización de Villa Constitución.
A partir del golpe cívico-militar el horror se extendió y profundizó en toda nuestra patria: 30.000 desaparecidos, 500 niños secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio, apropiados por los secuestradores y repartidos como botín de guerra, con el mandato de anular su identidad. Decenas de miles de presos y exiliados. Nuestra Argentina se convirtió en un gran campo de concentración.
Alentado y respaldado por el imperialismo, a través de la doctrina de la seguridad nacional y la intervención directa de la CIA, el golpe fue parte de la estrategia de dominación continental que implementó un plan de exterminio físico e ideológico de una joven generación que se abría paso aceleradamente hacia el anhelo histórico de nuestro pueblo: la liberación nacional y social. Esa estrategia integral y sistemática se expresó, entre otras formas, con el Plan Cóndor, llamado “la internacional del terror“ que se extendió a todos los pueblos de América Latina.
Esto permite explicar que no hubo excesos ni improvisaciones sino un plan pergeñado para liquidar toda resistencia al status quo capitalista en la región y fomentar la acumulación del capital aún por vía de la corrupción, el fraude y el saqueo al patrimonio nacional y de todos los argentinos. Sus políticas no tuvieron carácter meramente coyuntural sino que apuntaron a cambios estructurales sobre todo en el carácter del estado y en sus resortes de poder. Un plan económico que redujo a la mitad el salario de los trabajadores, generó un ejército de desocupados, dejó una deuda externa producto del enriquecimiento y saqueo de estos sectores minoritarios, una deuda inmoral, injusta e impagable. Esta es la esencia del golpe.
Tal como anticipara nuestro querido Rodolfo Walsh, a quien hoy rendimos homenaje al cumplirse 30 años de su desaparición, cuando en su Carta Abierta a la Junta Militar, decía: “ ..en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Sabido es que tanto la Dictadura como la clase dominante quisieron imponer el olvido, no sólo para preservar su impunidad sobre los hechos atroces cometidos, sino para condicionar y limitar la capacidad del pueblo argentino de recuperar y reelaborar un proyecto de país que incorporase las ricas tradiciones de lucha de los sectores mas combativos de nuestro pueblo.
Por eso cuando había que callar: GRITAMOS.
Cuando no se podía decir: DENUNCIAMOS.
Cuando había que quedarse quietos: MARCHAMOS.
Hoy, a 31 años del golpe y más de 23 del retorno a la vida institucional, la impunidad sigue reinando en nuestro país. Seis meses atrás era impensable que volveríamos a levantar la consigna de Aparición con Vida Ya!!
La desaparición del compañero Jorge Julio López, testigo clave del Juicio al genocida Etchecolatz, abrió un nuevo escenario a nivel nacional y local.
Este golpe a la democracia produjo una herida que aún está abierta.
Porque el avance que significó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no ha tenido su correlato en la administración de justicia.
¿ Cómo se explica sino que en un país que hubo 30.000 desaparecidas y más de 500 campos de concentración, solamente se haya condenado a dos represores en el marco del genocidio?
Si bien el gobierno nacional tiene un discurso que merece reconocimiento, no se ven medidas concretas que permitan visualizar una verdadera política de Estado para terminar con la impunidad, cuando cuenta con los medios para hacerlo
En sus discursos, el presidente Kirchner identificó como autores de estos hechos a elementos paramilitares y parapoliciales y reclamó celeridad a la justicia, cárcel común a los genocidas, rechazando cualquier forma de amnistía. Estas definiciones, que fueron una exigencia histórica de los organismos de Derechos Humanos y de la mayoría del pueblo argentino, deben acompañarse con medidas y acciones contundentes, efectivas y coherentes.
Es necesaria una política de estado que impulse la celeridad de los juicios a los genocidas y la inmediata anulación de los indultos.
Sólo posible de concretar con cambios sustanciales como la garantía de los jueces realmente comprometidos con esta causa, la disponibilidad exclusiva para la misma, los recursos suficientes y la protección de los testigos.
No se puede juzgar a los genocidas con los mismos parámetros y estructura que un delito común. No existe ningún tipo de garantía mientras no se desmantele el aparato represivo, mientras los represores sigan ocupando cargos públicos, en la función política, en las agencias de seguridad o dentro de las fuerzas armadas.
Sabemos que los autores intelectuales y materiales de la desaparición de López;del secuestro y torturas que sufrió Gerez y recientemente Carlos Leiva, así como de la ola de atentados y amenazas que sacudieron a todo el país, son quienes se han visto beneficiados por la impunidad reinante. En la medida que no se investiguen todos y cada uno de estos hechos y se condene a los responsables, continuarán las condiciones para que avancen en sus intentos de detener el accionar de la justicia.
En este mismo sentido, es alentador el inicio de las investigaciones a los responsables de la Triple A. Pero advertimos que también estas acciones deben avanzar y llegar al juzgamiento total.
En nuestra provincia a partir de que la Justicia resolviera el procesamiento de un grupo de represores, se incrementaron los hechos intimidatorios.
Recordamos entre ellos algunos de los más recientes:
La volanteada a la sede de la Casa de Derechos Humanos con una amenaza vil de provocar el desaparecido Nº 30.002;
El féretro arrojado ante las puertas de LT10 a nombre del Juez Rodríguez;
La lista distribuida a los medios de comunicación acusando de terroristas a ex presos políticos, desaparecidos y miembros de Organismos de Derechos Humanos;
La violación del domicilio del secretario del Juez Rodríguez;
La agresión al mural de la memoria de los 30 años en dos oportunidades;
Pintadas fascistas alusivas al dictador y genocida mayor de la Argentina y vivas al 24 de marzo en toda la ciudad y frente a la Casa de Derechos Humanos;
Volantes en LT10 con contenidos similares a dichas pintadas;
El atentado en la sede de AMSAFE provincial;
Las amenazas por carta a jueces y fiscales de las causas del terrorismo de Estado;
Los innumerables casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y represión policial;
El nuevo mensaje mafioso que implican los daños producidos a la Casa de DDHH entre el 31 de diciembre de 2006 y el 2 de enero de 2007, que si bien son de escasa significación material, revisten mucha importancia simbólica, por haber sido realizados ante la supuesta vigilancia policial permanente en la Casa;
Atentados a la Federación de Cooperadores;
Atentado a la sede de la UCR;
Pintadas fascistas en una Sinagoga de Santa Fe (con custodia policial permanente);
Atentado a la Fundación Estevez Boero;
El secuestro, tortura, y posterior aparición, luego de 13 días, de Héctor Bustos, en Venado Tuerto.
Estos hechos demuestran que en nuestra provincia existen grupos con capacidad operativa para torturar, secuestrar, amenazar e intimidar, sin dejar rastros ni ser detectados. Para esto necesariamente deben contar con infraestructura y financiamiento
Ninguno ha tenido una respuesta adecuada por parte del gobierno provincial.
Sumados a los asesinatos del 19 y 20 de diciembre y a la catástrofe hídrica de abril del 2003, cuyo máximo responsable es el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann; colocan a Santa Fe como la capital de la impunidad.

La herencia de la dictadura, no solamente puede verse en lo antes señalado sino también en sus consecuencias económicas y sociales.
A lo largo de los sucesivos gobiernos democráticos, el modelo económico sustancialmente se ha mantenido favoreciendo a quienes saquearon el país y colocando por debajo de la línea de pobreza a grandes sectores de la población.
La desocupación, el hambre y la miseria de hoy, son parte de la problemática de derechos humanos a atender de manera urgente.
Tenemos un país que cuenta con recursos suficientes para que su pueblo viva dignamente.
La justa distribución de la riqueza es materia pendiente que no admite dilaciones ya que ella compromete el futuro de nuestras generaciones en particular los niños y los adolescentes.
El trabajo digno, la educación, la salud, la vivienda son los más elementales derechos de todo pueblo y son las banderas que se vienen levantando en las innumerables luchas desplegadas a lo largo y ancho de nuestro país, con una decisión inquebrantable que ha sorteado obstáculos e intervenciones tales como la judicialización del legítimo derecho a la lucha, haciendo honor al legado que nos dejaron nuestro 30.000 compañeros desaparecidos.


- Juicio y castigo a todos los genocidas / o Cárcel ya, perpetua, común y efectiva para todos los genocidas.
- Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Jorge Julio López
- Nulidad inmediata de los indultos presidenciales.
- Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados
- Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales de los crímenes perpetrados por la triple A y demás bandas fascistas
- Libertad a los presos políticos. Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares
- Juicio y Castigo a los responsables de la Inundación y del 19 y 20 de diciembre
- Desmantelamiento del Aparato Represivo

A POCOS DIAS DEL 24 DE MARZO

Sin duda el hecho más relevante de este comienzo del año es el inicio de la investigación de los crímenes de las 3 A: La organización clandestina paraestatal creada a fines de 1973, por la cúpula gobernante de la derecha peronista, con militares y policías de la anterior dictadura, y amparada por la “Justicia” cómplice de esos años. Junto a los nombres de queridos militantes populares asesinados -como Ortega Peña, Silvio Frondizi, Alfredo Curuchet, Marta Zamaro, Nilse Urquía, y tantos otros-, aparecieron pruebas abrumadoras sobre la culpabilidad de Isabel Perón. El espectro político se polarizó en que si había o no que romper el pacto de impunidad que firmó Alfonsín con Isabel Perón en 1983. Y salió a la luz del debate la responsabilidad que le pudo caber al Ex Presidente Juan Perón. Son pocos y con escaso poder los que dijeron las cosas como son, mientras que el resto del arco político se abroqueló en el silencio, la mentira o la amenaza.
La porfiada memoria vuelve una y otra vez, hasta que logra abrirse paso, a pesar del olvido, el ocultamiento y la mentira.
La búsqueda de Verdad y Justicia continúa en todo el país. En la olvidada y castigada Famaillá, sede del primer centro clandestino de detención, el “Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán” realizó un acto y movilización en repudio al Operativo Independencia, iniciado el 9 de febrero de 1975, considerado un ensayo general de lo que sería el golpe genocida un año después. No muchos compañeros, pero con mucha convicción, recorren casa por casa y se movilizan. En la propia “escuelita” aparecen restos humanos debajo de una losa.
Mientras tanto, el digno compañero Jorge Julio López sigue desaparecido, y se siguen sumando amenazas, secuestros y agresiones a testigos del genocidio. No hay un solo caso que haya sido esclarecido y mucho menos que hayan sido castigados sus responsables. El asesinato, disfrazado de suicidio, del testigo Albino Montecucco de Paso de los Libres, sigue en la impunidad. Sus antiguos amigos militares habían dejado de confiar en él. También hay manto de silencio con los secuestros de Luis Gerez, y de Héctor Bustos.
Ahora se suma el secuestro por seis horas, y simulacro de fusilamiento, de Carlos Leiva, delegado del MTD Anibal Verón, y testigo en el juicio al ex comisario Alfredo Fanchiotti y que en la actualidad es uno de los querellantes en la causa judicial en la que se investigan las responsabilidades políticas de la masacre del puente Avellaneda. Silencio oficial y silencio de la prensa, a pesar de que Leiva declaró reconocer a uno de los secuestradores, como un policía de civil que se infiltraba en las movilizaciones del Movimiento.
En Santa Fe, aun no se ha iniciado el Juicio a los ocho genocidas procesados, al igual que en Rosario. Mientras tanto estamos a pocos meses de que los imputados puedan reclamar la libertad, basándose en el Pacto de San José de Costa Rica. Los referentes políticos locales, salvo alguna honrosa excepción, nada dicen al respecto, ni tampoco ante la impunidad de los inundadores y la de responsables y ejecutores de la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001. Es tiempo de elecciones, tal como ocurre año por medio en esta democracia de votar, y las decisiones y discursos se subordinan a la posibilidad de acceder o seguir ocupando algún cargo político.
Es muy importante el posicionamiento político de este gobierno, contra la impunidad y en rechazo a la “teoría de los dos demonios”, pero hoy, más que inauguraciones de museos de Memoria, firmas de tratados internacionales, o recorridos oficiales de ex campos de concentración, necesitamos que se realice una reforma en el sistema judicial de manera que el juzgamiento de los represores no se trate igual que cualquier delito común. En este sentido la nueva unidad fiscal para los juicios a los represores constituye un avance, aunque insuficiente, porque la mayor parte de los juicios marchan a paso de tortuga, mientras los genocidas permanecen libres, con detención domiciliaria o en lugares especiales (Bussi), se amparan en insanía mental (Massera) o mueren por edad avanzada. Tuvieron 30 años de impunidad. Por lo menos ahora deben ir a cárceles comunes. Ya.
Entre tanto, por abajo sigue la pobreza, la miseria, el trabajo precario, la desnutrición, la droga que destruye a nuestros pibes y familias, la prostitución infantil, el gatillo fácil, la violencia criminal y otras lacras, que no aparecen en las triunfalistas estadísticas oficiales de “un dígito” de desocupación.
Por abajo, también la lucha continúa y se fortalece en torno a la convicción de que sólo se podrá avanzar a un verdadero Estado de Derecho, en tanto logremos erradicar la impunidad, la corrupción y el privilegio. Este 24 de Marzo debe ser una nueva jornada de lucha popular contra la impunidad de ayer y de hoy, y por memoria, verdad y justicia. Muy altos deben estar allí los sueños y el ejemplo eterno de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos.

CARTA DEL OBISPO DE FLORIDA, EE.UU. AL PRESIDENTE BUSH

Traducción de la carta enviada al Presidente de los EUA por Robert Bowan, Obispo de la Iglesia Católica de Florida, Teniente Coronel (Jubilado) y excombatiente de Vietnam:

Señor Presidente:

Cuente la verdad al pueblo Sr. Presidente, sobre el terrorismo. Si los mitos acerca del terrorismo no son destruidos, entonces la amenaza continuará hasta destruirnos por completo.
La verdad es que ninguna de nuestros millares de armas nucleares pueden protegernos de esa amenaza. Ni el sistema de "guerra en las estrellas" -no importa cuan técnicamente avanzado sea ni cuantos trillones de dólares se hayan gastado en él- podrá protegernos de un arma nuclear traída en un barco, avión o auto alquilado.- Ni siquiera ningún arma de nuestro vasto arsenal, ni siquiera un centavo de los u$s 270.000.000.000.000.- (si, esos mismos doscientos setenta billones de dólares) gastados por año en el llamado "sistema de defensa" puede evitar una bomba terrorista; esto es un hecho militar.
Como Teniente coronel retirado y frecuente conferencista en asuntos de seguridad nacional, siempre sito el salmo 33 "Un rey no está a salvo por su poderoso ejército, así como un guerrero no está a salvo por su enorme fuerza". La reacción obvia es: "¿Entonces, qué podemos hacer? ¿No existe nada que podamos hacer para garantir la seguridad de nuestro pueblo? Existe. Pero para entender eso, precisamos saber la verdad sobre la amenaza.-
Sr. Presidente, Ud. no contó al pueblo americano la verdad sobre por qué somos el blanco del terrorismo, cuando explicó por qué bombardearíamos Afganistán y Sudán. -Ud. dijo que somos blanco del terrorismo porque defendemos la democracia,! la libertad y los derechos humanos del mundo.- ¡Qué absurdo, Sr, P residente!
Somos blanco de los terroristas porque, en la mayor parte del mundo, nuestro gobierno defendió la dictadura, la esclavitud y la explotación humana.-
Somos blanco de los terroristas porque somos odiados. Y somos odiados porque nuestro gobierno ha hecho cosas odiosas. ¿En cuantos países agentes de nuestro gobierno depusieron a líderes popularmente elegidos, sustituyéndolos por dictadores militares, marionetas deseosas de vender a su propio pueblo a corporaciones norteamericanas multinacionales?
Hicimos eso en Irán cuando los marines y la CIA derrocaron a Mossadegh porque el tenía la intención de nacionalizar el petróleo. Y lo sustituimos por el Sha Reza Palhevi y armamos, entrenamos y pagamos a su odiada guardia nacional -la Savak- que esclavizó y embruteció al pueblo iraní para proteger el interés financiero de nuestras compañías de petróleo.-
Después de eso, ¿será difícil de imaginar que existan! en Irán personas que nos odien? Hicimos lo mismo en Chile, hicimos lo mismo en Vietnam, más recientemente intentamos hacerlo en Iraq. Y claro, cuantas veces hicimos eso en Nicaragua y en otras repúblicas de América Latina. Una vez tras otra, hemos destituido líderes populares que deseaban que las riquezas de su tierra fueran repartidas entre el pueblo que las generó.
Nosotros los reemplazamos por tiranos asesinos que venderían a su propio pueblo para que, mediante el pago de abultadas propinas para engordar sus cuentas particulares, las riquezas de su propia tierra pudiera ser tomada por la Dominó Sugar, la United Fruit Company, la Folgers, y por ahí va todo.
En cada país, nuestro gobierno obstruyó la democracia, sofocó la libertad y pisoteó los derechos humanos. Es por eso que somos odiados en todo el mundo. Es por eso que somos el blanco de los terroristas.-
El pueblo de Canadá disfruta de la democracia, la libertad y los derechos humanos, así como el pueblo de Noruega y Suecia.- ¿Ud. escuchó hablar de embajadas canadienses, noruegas o suecas siendo bombardeadas?
Nosotros no somos odiados porque practicamos la democracia, la libertad o los derechos humanos. Somos odiados porque nuestro gobierno niega esas cosas a los pueblos de los países del tercer mundo, cuyos recursos son codiciados por nuestras corporaciones multinacionales.
Ese odio que sembramos se volvió en contra nuestra para asombrarnos, en forma de terrorismo y, en el futuro, el terrorismo nuclear.-
Una vez dicha la verdad sobre por qué existe la amenaza y una vez entendida, la solución se torna obvia.
Nosotros necesitamos cambiar nuestras costumbres. Librémonos de nuestras armas nucleares (unilateralmente si es preciso) y mejorará nuestra seguridad. Alterando drásticamente nuestra política exterior la asegurará.-En lugar de enviar a nuestros hijos e hijas a todo el mundo para matar árabes de modo que podamos tener el petróleo que existe debajo de sus arenas, deberíamos mandarlos para que reconstruyan sus infraestructuras, proveerlos de agua limpia y alimentar a sus niños hambrientos.
En vez de continuar matando diariamente a millares de niños iraquíes con nuestras sanciones económicas, deberíamos ayudar los iraquíes a reconstruir sus usinas eléctricas, sus estaciones de tratamiento de agua, sus hospitales, y todas las otras cosas que destruimos y les impedimos reconstruir con sanciones económicas.-
En lugar de entrenar terroristas y escuadrones de la muerte, deberíamos cerrar la Escuela de las Américas.
En vez de sostener las revueltas, la desestabilización, el asesinato y el terror alrededor del mundo, deberíamos abolir la CIA y dar el dinero que ella gasta a agencias de asistencia.-
Resumiendo, deberíamos ser buenos en lugar de malos, y de serlo, ¿Quién iría a intentar detenernos?¿Quien nos odiaría? ¿Quien nos querría bombardear?
Esa es la verdad, Sr. Presidente. Eso es lo que el pueblo norteamericano precisa escuchar.-

Robert Bowan voló en 101 misiones de combate en Vietnam.- Actualmente es obispo de la United Catholic Church en Melbourne Beach, Florida).-

PRESENTACION LIBRO "DESAPARECIDOS - El golpe del capital genocida"

La Casa de Derechos Humanos
y la Asociación de Trabajadores del Estado
invita a ud./s a la presentación del libro

Porque la memoria y la historia también son un proceso de construcción
y como pueblo argentino tenemos que recuperar
no solo aquellos hechos que trataron de silenciar,
sino una valoración e interpretación

¿QUÉ LES CUENTA OBEID A FIDEL Y CHAVEZ?

¿QUÉ LES CUENTA OBEID A FIDEL Y CHAVEZ?
Por: Queca Kofman - Madre de Plaza de Mayo de Santa Fe

Los periódicos y cada vez más frecuentes viajes del Gobernador Obeid a Cuba y, ahora también, a Venezuela nos llenan de interrogantes.
Nos es imposible entenderlo. Sabemos que no los une ni la ideología, ni la seriedad en el gobierno, ni las metodologías gubernamentales, ni el compromiso con el Pueblo (que acá no existe).
Sabemos, y lo tenemos muy claro, de la talla política, incorruptible y gigantesca de nuestro compañero Fidel que le permite (aún en su enfermedad) mantener la Revolución Cubana a través de décadas, pese a los bloqueos imperialistas y traidores. Logró que su pueblo tenga la Revolución no solo en su cabeza, sino en su corazón. Cuba irradia luz y esperanza y nos ha mantenido en los años duros y crueles que nos tocó vivir en nuestros países latinoamericanos.
Hoy Chávez, siguiendo el ejemplo de Fidel, está llevando adelante la Revolución Bolivariana, haciendo el socialismo. Y lo hace con mucha fuerza, con responsabilidad y convicción.
Como Madre de Plaza de Mayo y compañera de los Organismos de Derechos Humanos que venimos desde hace más de 30 años luchando por Verdad y Justicia, me pregunto:
¿Qué hace Obeid en esos países?
Lo único real y verdadero que puede contarles es que Santa Fe es una de las provincias más afectadas por la corrupción política que trae como consecuencia hambre, desocupación, falta de salud y educación.
¿Les contará, mientras admira la educación cubana, y la quiere tener de ejemplo, que en su provincia hay altísimos porcentajes de analfabetismo y que los niños, que deberían estar en las escuelas, están en las calles para sobrevivir: prostitución, drogas, trabajo prematuro?
¿Les contará que estos niños no saben sonreír?
¿Les contará que el 29 de abril de 2003 se inundó un tercio de la ciudad de Santa Fe, con centenares de muertos y secuelados y que él sigue protegiendo al ex-gobernador Reutemann, el gran inundador, responsable de la tragedia hídrica, tragedia producida por el abandono y desidia de los gobernantes y que pudo ser evitada?
¿Les contará los manejos de clientelismo político que se realizaron desde el Ente de la Reconstrucción con los dineros y ayuda solidaria recibidos para todos los inundados?
¿Les contará qué con esos dineros se construyeron algunos barrios con viviendas precarias que producen permanentes problemas a sus habitantes?
¿Les contará qué en Santa Fe mueren niños de hambre, desnutrición y de enfermedades de la pobreza? ¿Qué se encuentran en cualquier lugar niños “aspirando” para engañar sus pancitas vacías mientras se van deteriorando psíquica y físicamente?
¿Les contará que jamás acompañó a las Madres y a todos los Organismos de Derechos Humanos en sus reclamos por Verdad, Justicia, Memoria los 24 de marzo?
¿Les contará qué jamás estuvo en la Plaza un 29 de abril con los compañeros inundados que reclaman justicia?
¿Les contará qué en Santa Fe hay muchos chicos víctimas del gatillo fácil y qué generalmente no se encuentra a los autores?
¿Les contará lo que pasa en las cárceles de la provincia, dónde permanentemente hay motines por los tratos inhumanos, represión y muerte? Las cárceles de la provincia que gobierna Obeid nos llena de vergüenza y de dolor. ¿Puede recuperarse, en estas condiciones, un ser humano?
Habría muchas preguntas más (sin respuesta), pero van las últimas.
¿Les contará que jamás recibió a los Organismos de Derechos Humanos permanentemente amenazados y atacada la Casa de Derechos Humanos en varias oportunidades?
¿Les contará qué en Santa Fe hay centenares de desaparecidos de la dictadura militar y sólo una media docena de represores procesados, la mayoría con prisión domiciliaria?
¿Les contará qué jamás marchó, cómo gobernador, junto a los Organismos de Derechos Humanos y al Pueblo?
¡Basta de verso! Ud. con su presencia mancha la tierra bendita de los cubanos y venezolanos que son ejemplo de dignidad, lucha y esperanza.

TEXTO DE LA ACEPTACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CAUSA INUNDACION

SANTA FE, 26 de Febrero de 2007.

AUTOS Y VISTOS: El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Actor Civil en autos “REQUERIMIENTO de instrucción Fiscal Nº: 2 en relación a la denuncia de Zanutigh, Ana y etc.” (Expte N: 1309 – Año: 2005), que se tramitan por ante este Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Octava Nominación de Santa Fe, de los que;
RESULTA: que contra el decreto de fecha 27/11/20006, que funda la negativa de producción de diligencia solicitadas por el actor civil, se interpone recurso de Inconstitucionalidad, invocando que la decisión recurrida los afecta, porque impide la defensa de sus derechos en juicio, a través, del aporte de elementos de convicción destinados a abonar su tesis en procura de la individualización de quienes consideran coautores del estrago que se investiga con la consecuente responsabilidad penal y patrimonial.-
Invoca como motivo de agravio lo dispuesto por el art. 202 del Código Penal al permitir solamente la reposición “por decreto fundado”, que ante su negativa impide la facultad impugnativa, violentando la libertad probatoria consagrada por el art. 209 del mismo cuerpo legal, causando así un gravamen irreparable que amerita el recurso de inconstitucionalidad.-
Refiere que la decisión fue arbitraria toda vez que habiéndose dispuesto que “hasta tanto que firme la resolución dictada en el día de la fecha – en referencia a la del 13 de octubre de 2006 – “; posteriormente, en la decisión que se recurre, trata la reposición y aclaratoria interpuesta al decreto del 03/10/2006 dado que la sala I había confirmado la resolución impugnada, sin tener en cuenta que la misma no está firme por haberse interpuesto en fecha 01 de diciembre de 2006 recurso de inconstitucionalidad, agregando que “darle ejecutabilidad a la decisión recurrida por inconstitucional, durante el breve interregno que va desde la interposición del recurso hasta su admisibilidad (o rechazo definitivo), por la materia sobre la que el apartado citado de su resolución del 13 de octubre del corriente, el dictado de nuevas decisiones podrían afectar “ el decreto del Sr. Actor civil” y provocar la nulidad de lo actuado en ese interregno”, “el señor juez se apresuró al resolver la reposición, cuando todavía no está firme el rechazo a la recusación. De esa manera dejó sin efecto lo que antes había decidido y profundizado con su adelantamiento, el prejuzgamiento”.-
Expresa además que la decisión impugnada incurre en “exceso ritual manifiesto”, puesto que rechaza todos los elementos de prueba ofrecidos pro evitar una abundancia de pruebas confirmatorias de los factores de riesgo ya delimitados.-
Corrida la vista al Sr. Fiscal se expide solicitando el rechazo del recurso por se inadmisible. Expresa con relación a los puntos identificados como 1), 2) y 3) del decreto atacado que los recurrentes debieron previamente agotar los recursos ordinarios, habida cuenta que estos temas no están comprendidos en lo preceptuado por el art. 202 del Código Procesal Penal´ por cuanto éste además de normar que durante la instrucción no habrá debate, podrán dar todas las explicaciones, pedir agregación de documentos, hacer indicaciones y proponer diligencias, considerando que la propuesta de llamar a declaración indagatoria no está comprendida dentro del mencionado artículo, por lo que correspondía continuar el trámite luego del rechazo de la reposición, con el pertinente recurso de apelación y/o nulidad.
En relación al punto 4), del decreto cuestionado no puede equipararse a sentencia definitiva, por cuanto no puso fin al proceso.
Finalmente refiere a la mención de gravamen irreparable por cuanto el juez instructor dispuso suspender expedirse sobre los recursos de reposición y aclaratoria hasta que quede firme el rechazo de la recusación –aclara que existe un recurso de inconstitucionalidad aún no resuelto-, expresando que no obstante ello, la cuestión debe armonizarse con el art. 57 del Código Procesal Penal en cuanto establece que la Recusación si el Juez no la admitiera, continuará con la instrucción y que a mayor abundamiento el mismo Digesto Legal pone límites temporales la duración de la instrucción (art.,208), evidentemente el Juez instructor trató que no se produzcan nulidades durante el trámite de Incidente hasta la confirmación del Tribunal Superior, la mera interposición del recurso de inconstitucionalidad no suspende la ejecución de la decisión, no hay concesión por parte del Tribunal Superior y menos pro vía de q1ueja, en materia penal la instrucción no se suspende, y referido a la interpretación de la suspensión, debe ser extremadamente restrictiva, máxime cuando colisiona con tratado internacionales y normas constitucionales referidas sobre el plazo de sustanciación de causas penales; y
CONSIDERANDO: Corresponde expedirme en cuanto a la admisibilidad del recurso interpuesto.
Al establecer el artículo 202 del Código Procesal Penal solamente el recurso de reposición, la parte que solicita una medida, luego rechazada, carece de posibilidad de recurrir ante otro tribunal superior en grado, para que revise la decisión tomada.
I- Si bien, el derecho al recurso por parte del imputado ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5) y Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2.h.); este último artículo, tal como lo manifiesta el Dr. Vázquez –voto en memoria- en “MAHINARD,Edgar Walter s/ Recurso de Casación” del 27/09/2001, prevé el derecho de “toda persona” de recurrir el fallo ante el tribunal superior. Posteriormente en “CASAL” se estableció “…que debe interpretarse que los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral…” posteriormente en el mismo fallo en el considerando 6º) de su voto la Dra. Haighton de Nolasco cita la causa Herrera Ulloa v. Costa Rica expresando que la Corte Interamericana en lo sustancial dijo: “que de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana cual es la eficaz protección de los derechos humanos se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.
Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo”
En base a lo expuesto al establecer un derecho amplio al recurso y no obstante ser el actor civil el impugnante, goza igualmente del derecho a la doble instancia protegido constitucionalmente a través de la normativa citada; asimismo el art. 202 al disponer que las demás partes –todas las que no son el fiscal a quién se establecen las facultades en el artículo precedente- tienen determinadas facultades, conceder el derecho al recurso a algunas de ellas –imputado- y no a otras vulneraría el principio de igualdad también amparado por las normas citadas.-
Por otra parte la Corte Suprema de Justicia, a partir de la causa “Santillan, Francisco Agustín s/ Rec. de Casación” (13/08/98) y posteriormente en “Quiroga” reconocen derechos a las víctimas “… el derecho ´a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 de la Carta Magna …consiste en la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes… derecho que tiene un alcance coincidente con el que reconocen los arts 8º, parr. 1º de la Convención Americana sobre derechos humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Sobre la base de ello el Tribunal consideró que la absolución dispuesta por el tribunal a pedido del fiscal sin atender a lo solicitado por el querellante implicó un ´serio menoscabo de los derechos asegurados por la Constitución Nacional, pues al privar al particular querellante a quien la ley le reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, de un pronunciamiento útil relativo a sus derechos ha dejado a aquel derecho vacuo de contenido (fallos: 321:2021)… En síntesis ya no basta contraponer el interés legítimo estatal con el de la persona que soporta la restricción sino que deben ponderarse los derechos de las víctimas de los actos cuestionados motivos de la persecución penal” (Voto del Dr. Maqueda en autos “Quiroga, Edgardo O.” 23/12/2004 – Considerandos 21 y 23- )

II- Si bien los tratados internacionales hablan respecto a los fallos entendidos como sentencias definitivas o los autos que pongan fin al pleito, la Corte Suprema ha venido entendiendo que son equiparables a sentencia definitiva, los pronunciamientos anteriores que, por su naturaleza y consecuencias, pueden llegar a frustrar el derecho federal invocado acarreando prejuicios de imposible o tardía reparación ulterior (CSJN Fallos 298:312; 299:249; 305:1701).-
El Sr. Actor Civil indica que se le impide la defensa de sus derechos en juicio, a través del aporte de elementos de convicción destinados a abonar la individualización de los que consideran coautores del estrago y su consecuente responsabilidad penal y patrimonial, desechándose ab initio pruebas conducentes o cuanto menos susceptibles de ser reputadas al cabo de su producción vulnerándose garantías constitucionales (arts. 14, 18 y 75 inc. 22 CN).-
Si bien, conforme lo dispone la última parte del art. 202, las diligencias pedidas y denegadas podrán ser propuestas en el plenario, “saneándose” de esta forma el derecho del peticionante al poder en el juicio ofrecer toda la prueba que estime conducente; le asiste razón al peticionante cuando dice que con respecto a determinadas personas –sobre las cuales peticiona las pruebas- no podrá ir al plenario, motivo por el cual no se podrá solicitar la prueba requerida, transformándose así el decreto denegatorio en uno que provoca un gravamen irreparable o de insuficiente reparación; toda vez que su producción dependería del momento en que se produzca la apertura a prueba una vez elevada la causa a juicio y luego, en su caso, solicitar la remisión a instrucción para continuar con la investigación, con los riesgos de una eventual prescripción de la acción penal.-
Por lo expuesto y los dispuestos en los arts. 6 y ss. de la ley 7055;
RESUELVO:
1- Declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decreto de fecha 03/10/2006.-
2- Elevar las presentes actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia.-
3- Téngase presente los recursos previstos en el art. 14 de la ley 48 y por arbitrariedad planteados y en su caso los que permiten los tratados internacionales contenidos en los arts. 75 inc. 22 y 31 de la Constitución Nacional.-
Insértese el original, agréguese el duplicado y hágase saber.-

CAUSA INUNDACIONES EN LA CORTE SUPREMA DE LA PROVINCIA

Reportaje a Jorge Castro, actor civil en la causa inundación:
www.lt10digital.com.ar/home/index.php?acc=ns_fa&id=10995&id_sec=26

(De Rosario/12 - 4 de marzo de 2007)
La Corte Suprema de Justicia de la provincia deberá intervenir en la investigación de la catástrofe del río Salado en un recurso de inconstitucionalidad que plantearon los esposos Jorge Castro y Milagros Demiryi, actores civiles en la causa, ante la negativa del juez Jorge Patrizi (Instrucción 8ª) de aceptar pruebas que involucran a Carlos Reutemann y sentar a éste en el banquillo de los acusados. El recurso fue concedido por el propio Patrizi después de descartar las pruebas que el matrimonio pretendía sumar al proceso y rechazar el pedido de indagatoria de Lole. Ya en octubre del año pasado, los Castro presentaron la declaración ante escribano público de tres testigos -de identidad reservada- que "demuestran, entre otras cosas, que día 29 de abril de 2003, a las 9.30 o antes, el entonces gobernador de la provincia sabía que la zona donde se produjo más muertes como consecuencia del estrago, inexorablemente y a la brevedad, iba a quedar bajo las aguas, como efectivamente ocurrió", denunció el matrimonio.

El 19 de abril del año pasado, Patrizi procesó por supuesto "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas" a tres ex funcionarios de Reutemann: el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez. Pero eximió de culpa y cargo a Lole con un argumento con el que insistió varias veces. "No se encontraron elementos suficientes para sospechar" del ex gobernador y acusarlo. En la misma resolución, Patrizi decretó la "falta de mérito" para otros siete ex funcionarios que estaban imputados, entre ellos el ex secretario de Obras Públicas de la provincia, Carlos Gómez Galissier; el ex administrador de Vialidad Provincial, José D'Ambrosio y el ex director de Defensa Civil, Carlos Filomena, que después fueron sobreseídos en la causa. El 15 de agosto, la Cámara Penal de Santa Fe (Sala I) confirmó el procesamiento de Berli, Fratti y Alvarez y volvió a dejar al margen del proceso a Reutemann.

Los esposos Castro habían ofrecido la primera batería de pruebas en la causa el 3 de julio, cuando solicitaron la indagatoria de Reutemann y de su ex ministro de Gobierno y hoy jefe de asesores en el Senado de la Nación, Carlos Carranza, entre otros. Pero el juez se tomó tres meses para rechazar el pedido, el 3 de octubre, con el mismo argumento que había planteado seis meses antes, el 19 de abril. "En el estado actual del proceso no existen elementos suficientes para sospechar del ex gobernador".

Esta "incongruencia" del juez de descartar -por un lado- las pruebas que se acercaron a la causa y rechazar -por el otro- el pedido de indagatoria de Reutemann por falta de pruebas "causa estrépito", replicaron los Castro en el escrito que presentaron en octubre.

Un mes después, el 27 de noviembre, el matrimonio planteó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema que el juez Patrizi se vio obligado a conceder. "La importancia de esto es que el juez reconoció que se puede estar lesionando irreparablemente nuestros derecho de justicia como actores civiles y damnificados", dijo Jorge Castro por la emisora LT10.

"Además, se abre una nueva etapa en la causa -explicó- porque esta resolución estaría cuestionando todas las anteriores y debería llevar al nuevo fiscal de la causa (Norberto Nisnevich) ante esta decisión del juez que se pueden haber lesionado derechos de nuestro pedido de justicia, a dictar medidas urgentísimas de investigación, que nosotros le vamos a exigir y a solicitar, para que todos aquellos que no han declarado en la causa sean convocados ahora en base a las pruebas que nosotros hemos presentado y que en su momento el juez Patrizi no aceptó", reveló Castro.

"Vamos a pedirle también a la Corte Suprema que actúe en forma acelerada dada la importancia que esta causa tiene para Santa Fe y la cantidad de damnificados que hubo en la catástrofe de 2003. Nosotros creemos que este es un hecho muy positivo y nos hace pensar que después de cuatro años hay que seguir en la lucha", afirmó el querellante.

-Entonces, ¿el expediente irá a la Corte Suprema?

-Así es. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver si el juez Patrizi ha lesionado nuestros derechos constitucionales, lo cual provocaría un giro radical en la causa. Nosotros creemos que las pruebas que hemos presentado irán contra los máximos responsables: Reutemann y también los funcionarios del gobierno anterior (de Jorge Obeid) que inauguró la obra (inconclusa de la defensa oeste). Pero revelan también las falencias insoslayables y gravísimas que tuvo la investigación del entonces fiscal Favaretto, que hoy es juez -contestó Castro.

"Si en este causa, hay algún responsable que no es investigado y se demuestra por las pruebas que quedó fuera del expediente, ese es un daño irreparable que no se puede reparar más. En estos cuatro años, tanto los dos jueces (Diego de la Torre y Patrizi) como los dos fiscales (Favaretto y el Nisnevich) tenían elementos y prerrogativas suficientes como para profundizar mucho más la investigación que lo que hicimos nosotros con los pocos medios que poseemos. Nosotros presentamos pruebas suficientes como para que Reutemann sea llamado a indagatoria, para que se investigue los orígenes de la obra, por qué se inauguró una obra inconclusa, por qué se pagó, quién auditó y en base a qué criterio de ingeniería fue concebido un terraplén que venía a una altura de 16 metros con 50 y de golpe bajaba a 4 metros sobre un tapial", por donde ingresó el agua aquel fatídico martes 29 de abril de 2003, concluyó Castro.