DOCUMENTO A 31 AÑOS DEL GOLPE

DOCUMENTO A 31 AÑOS DEL GOLPE
BASTA DE IMPUNIDAD, JUSTICIA YA!!!

El 24 de Marzo de 1976 se dio en nuestro país el más bestial y nefasto golpe de estado imponiendo el terror y la muerte cotidiana. Pero el terrorismo de estado había nacido antes, con el accionar de la Triple A y el operativo Independencia en Tucumán, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Hubo un perverso ensayo de desapariciones, torturas, crímenes y campos de concentración como la Escuelita de Famaillá y la intervención y militarización de Villa Constitución.
A partir del golpe cívico-militar el horror se extendió y profundizó en toda nuestra patria: 30.000 desaparecidos, 500 niños secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio, apropiados por los secuestradores y repartidos como botín de guerra, con el mandato de anular su identidad. Decenas de miles de presos y exiliados. Nuestra Argentina se convirtió en un gran campo de concentración.
Alentado y respaldado por el imperialismo, a través de la doctrina de la seguridad nacional y la intervención directa de la CIA, el golpe fue parte de la estrategia de dominación continental que implementó un plan de exterminio físico e ideológico de una joven generación que se abría paso aceleradamente hacia el anhelo histórico de nuestro pueblo: la liberación nacional y social. Esa estrategia integral y sistemática se expresó, entre otras formas, con el Plan Cóndor, llamado “la internacional del terror“ que se extendió a todos los pueblos de América Latina.
Esto permite explicar que no hubo excesos ni improvisaciones sino un plan pergeñado para liquidar toda resistencia al status quo capitalista en la región y fomentar la acumulación del capital aún por vía de la corrupción, el fraude y el saqueo al patrimonio nacional y de todos los argentinos. Sus políticas no tuvieron carácter meramente coyuntural sino que apuntaron a cambios estructurales sobre todo en el carácter del estado y en sus resortes de poder. Un plan económico que redujo a la mitad el salario de los trabajadores, generó un ejército de desocupados, dejó una deuda externa producto del enriquecimiento y saqueo de estos sectores minoritarios, una deuda inmoral, injusta e impagable. Esta es la esencia del golpe.
Tal como anticipara nuestro querido Rodolfo Walsh, a quien hoy rendimos homenaje al cumplirse 30 años de su desaparición, cuando en su Carta Abierta a la Junta Militar, decía: “ ..en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Sabido es que tanto la Dictadura como la clase dominante quisieron imponer el olvido, no sólo para preservar su impunidad sobre los hechos atroces cometidos, sino para condicionar y limitar la capacidad del pueblo argentino de recuperar y reelaborar un proyecto de país que incorporase las ricas tradiciones de lucha de los sectores mas combativos de nuestro pueblo.
Por eso cuando había que callar: GRITAMOS.
Cuando no se podía decir: DENUNCIAMOS.
Cuando había que quedarse quietos: MARCHAMOS.
Hoy, a 31 años del golpe y más de 23 del retorno a la vida institucional, la impunidad sigue reinando en nuestro país. Seis meses atrás era impensable que volveríamos a levantar la consigna de Aparición con Vida Ya!!
La desaparición del compañero Jorge Julio López, testigo clave del Juicio al genocida Etchecolatz, abrió un nuevo escenario a nivel nacional y local.
Este golpe a la democracia produjo una herida que aún está abierta.
Porque el avance que significó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no ha tenido su correlato en la administración de justicia.
¿ Cómo se explica sino que en un país que hubo 30.000 desaparecidas y más de 500 campos de concentración, solamente se haya condenado a dos represores en el marco del genocidio?
Si bien el gobierno nacional tiene un discurso que merece reconocimiento, no se ven medidas concretas que permitan visualizar una verdadera política de Estado para terminar con la impunidad, cuando cuenta con los medios para hacerlo
En sus discursos, el presidente Kirchner identificó como autores de estos hechos a elementos paramilitares y parapoliciales y reclamó celeridad a la justicia, cárcel común a los genocidas, rechazando cualquier forma de amnistía. Estas definiciones, que fueron una exigencia histórica de los organismos de Derechos Humanos y de la mayoría del pueblo argentino, deben acompañarse con medidas y acciones contundentes, efectivas y coherentes.
Es necesaria una política de estado que impulse la celeridad de los juicios a los genocidas y la inmediata anulación de los indultos.
Sólo posible de concretar con cambios sustanciales como la garantía de los jueces realmente comprometidos con esta causa, la disponibilidad exclusiva para la misma, los recursos suficientes y la protección de los testigos.
No se puede juzgar a los genocidas con los mismos parámetros y estructura que un delito común. No existe ningún tipo de garantía mientras no se desmantele el aparato represivo, mientras los represores sigan ocupando cargos públicos, en la función política, en las agencias de seguridad o dentro de las fuerzas armadas.
Sabemos que los autores intelectuales y materiales de la desaparición de López;del secuestro y torturas que sufrió Gerez y recientemente Carlos Leiva, así como de la ola de atentados y amenazas que sacudieron a todo el país, son quienes se han visto beneficiados por la impunidad reinante. En la medida que no se investiguen todos y cada uno de estos hechos y se condene a los responsables, continuarán las condiciones para que avancen en sus intentos de detener el accionar de la justicia.
En este mismo sentido, es alentador el inicio de las investigaciones a los responsables de la Triple A. Pero advertimos que también estas acciones deben avanzar y llegar al juzgamiento total.
En nuestra provincia a partir de que la Justicia resolviera el procesamiento de un grupo de represores, se incrementaron los hechos intimidatorios.
Recordamos entre ellos algunos de los más recientes:
La volanteada a la sede de la Casa de Derechos Humanos con una amenaza vil de provocar el desaparecido Nº 30.002;
El féretro arrojado ante las puertas de LT10 a nombre del Juez Rodríguez;
La lista distribuida a los medios de comunicación acusando de terroristas a ex presos políticos, desaparecidos y miembros de Organismos de Derechos Humanos;
La violación del domicilio del secretario del Juez Rodríguez;
La agresión al mural de la memoria de los 30 años en dos oportunidades;
Pintadas fascistas alusivas al dictador y genocida mayor de la Argentina y vivas al 24 de marzo en toda la ciudad y frente a la Casa de Derechos Humanos;
Volantes en LT10 con contenidos similares a dichas pintadas;
El atentado en la sede de AMSAFE provincial;
Las amenazas por carta a jueces y fiscales de las causas del terrorismo de Estado;
Los innumerables casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y represión policial;
El nuevo mensaje mafioso que implican los daños producidos a la Casa de DDHH entre el 31 de diciembre de 2006 y el 2 de enero de 2007, que si bien son de escasa significación material, revisten mucha importancia simbólica, por haber sido realizados ante la supuesta vigilancia policial permanente en la Casa;
Atentados a la Federación de Cooperadores;
Atentado a la sede de la UCR;
Pintadas fascistas en una Sinagoga de Santa Fe (con custodia policial permanente);
Atentado a la Fundación Estevez Boero;
El secuestro, tortura, y posterior aparición, luego de 13 días, de Héctor Bustos, en Venado Tuerto.
Estos hechos demuestran que en nuestra provincia existen grupos con capacidad operativa para torturar, secuestrar, amenazar e intimidar, sin dejar rastros ni ser detectados. Para esto necesariamente deben contar con infraestructura y financiamiento
Ninguno ha tenido una respuesta adecuada por parte del gobierno provincial.
Sumados a los asesinatos del 19 y 20 de diciembre y a la catástrofe hídrica de abril del 2003, cuyo máximo responsable es el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann; colocan a Santa Fe como la capital de la impunidad.

La herencia de la dictadura, no solamente puede verse en lo antes señalado sino también en sus consecuencias económicas y sociales.
A lo largo de los sucesivos gobiernos democráticos, el modelo económico sustancialmente se ha mantenido favoreciendo a quienes saquearon el país y colocando por debajo de la línea de pobreza a grandes sectores de la población.
La desocupación, el hambre y la miseria de hoy, son parte de la problemática de derechos humanos a atender de manera urgente.
Tenemos un país que cuenta con recursos suficientes para que su pueblo viva dignamente.
La justa distribución de la riqueza es materia pendiente que no admite dilaciones ya que ella compromete el futuro de nuestras generaciones en particular los niños y los adolescentes.
El trabajo digno, la educación, la salud, la vivienda son los más elementales derechos de todo pueblo y son las banderas que se vienen levantando en las innumerables luchas desplegadas a lo largo y ancho de nuestro país, con una decisión inquebrantable que ha sorteado obstáculos e intervenciones tales como la judicialización del legítimo derecho a la lucha, haciendo honor al legado que nos dejaron nuestro 30.000 compañeros desaparecidos.


- Juicio y castigo a todos los genocidas / o Cárcel ya, perpetua, común y efectiva para todos los genocidas.
- Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Jorge Julio López
- Nulidad inmediata de los indultos presidenciales.
- Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados
- Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales de los crímenes perpetrados por la triple A y demás bandas fascistas
- Libertad a los presos políticos. Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares
- Juicio y Castigo a los responsables de la Inundación y del 19 y 20 de diciembre
- Desmantelamiento del Aparato Represivo