A POCOS DIAS DEL 24 DE MARZO

Sin duda el hecho más relevante de este comienzo del año es el inicio de la investigación de los crímenes de las 3 A: La organización clandestina paraestatal creada a fines de 1973, por la cúpula gobernante de la derecha peronista, con militares y policías de la anterior dictadura, y amparada por la “Justicia” cómplice de esos años. Junto a los nombres de queridos militantes populares asesinados -como Ortega Peña, Silvio Frondizi, Alfredo Curuchet, Marta Zamaro, Nilse Urquía, y tantos otros-, aparecieron pruebas abrumadoras sobre la culpabilidad de Isabel Perón. El espectro político se polarizó en que si había o no que romper el pacto de impunidad que firmó Alfonsín con Isabel Perón en 1983. Y salió a la luz del debate la responsabilidad que le pudo caber al Ex Presidente Juan Perón. Son pocos y con escaso poder los que dijeron las cosas como son, mientras que el resto del arco político se abroqueló en el silencio, la mentira o la amenaza.
La porfiada memoria vuelve una y otra vez, hasta que logra abrirse paso, a pesar del olvido, el ocultamiento y la mentira.
La búsqueda de Verdad y Justicia continúa en todo el país. En la olvidada y castigada Famaillá, sede del primer centro clandestino de detención, el “Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán” realizó un acto y movilización en repudio al Operativo Independencia, iniciado el 9 de febrero de 1975, considerado un ensayo general de lo que sería el golpe genocida un año después. No muchos compañeros, pero con mucha convicción, recorren casa por casa y se movilizan. En la propia “escuelita” aparecen restos humanos debajo de una losa.
Mientras tanto, el digno compañero Jorge Julio López sigue desaparecido, y se siguen sumando amenazas, secuestros y agresiones a testigos del genocidio. No hay un solo caso que haya sido esclarecido y mucho menos que hayan sido castigados sus responsables. El asesinato, disfrazado de suicidio, del testigo Albino Montecucco de Paso de los Libres, sigue en la impunidad. Sus antiguos amigos militares habían dejado de confiar en él. También hay manto de silencio con los secuestros de Luis Gerez, y de Héctor Bustos.
Ahora se suma el secuestro por seis horas, y simulacro de fusilamiento, de Carlos Leiva, delegado del MTD Anibal Verón, y testigo en el juicio al ex comisario Alfredo Fanchiotti y que en la actualidad es uno de los querellantes en la causa judicial en la que se investigan las responsabilidades políticas de la masacre del puente Avellaneda. Silencio oficial y silencio de la prensa, a pesar de que Leiva declaró reconocer a uno de los secuestradores, como un policía de civil que se infiltraba en las movilizaciones del Movimiento.
En Santa Fe, aun no se ha iniciado el Juicio a los ocho genocidas procesados, al igual que en Rosario. Mientras tanto estamos a pocos meses de que los imputados puedan reclamar la libertad, basándose en el Pacto de San José de Costa Rica. Los referentes políticos locales, salvo alguna honrosa excepción, nada dicen al respecto, ni tampoco ante la impunidad de los inundadores y la de responsables y ejecutores de la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001. Es tiempo de elecciones, tal como ocurre año por medio en esta democracia de votar, y las decisiones y discursos se subordinan a la posibilidad de acceder o seguir ocupando algún cargo político.
Es muy importante el posicionamiento político de este gobierno, contra la impunidad y en rechazo a la “teoría de los dos demonios”, pero hoy, más que inauguraciones de museos de Memoria, firmas de tratados internacionales, o recorridos oficiales de ex campos de concentración, necesitamos que se realice una reforma en el sistema judicial de manera que el juzgamiento de los represores no se trate igual que cualquier delito común. En este sentido la nueva unidad fiscal para los juicios a los represores constituye un avance, aunque insuficiente, porque la mayor parte de los juicios marchan a paso de tortuga, mientras los genocidas permanecen libres, con detención domiciliaria o en lugares especiales (Bussi), se amparan en insanía mental (Massera) o mueren por edad avanzada. Tuvieron 30 años de impunidad. Por lo menos ahora deben ir a cárceles comunes. Ya.
Entre tanto, por abajo sigue la pobreza, la miseria, el trabajo precario, la desnutrición, la droga que destruye a nuestros pibes y familias, la prostitución infantil, el gatillo fácil, la violencia criminal y otras lacras, que no aparecen en las triunfalistas estadísticas oficiales de “un dígito” de desocupación.
Por abajo, también la lucha continúa y se fortalece en torno a la convicción de que sólo se podrá avanzar a un verdadero Estado de Derecho, en tanto logremos erradicar la impunidad, la corrupción y el privilegio. Este 24 de Marzo debe ser una nueva jornada de lucha popular contra la impunidad de ayer y de hoy, y por memoria, verdad y justicia. Muy altos deben estar allí los sueños y el ejemplo eterno de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos.