PENA DE MUERTE EXTRAJUDICIAL

Por Elías Neuman

Lo ocurrido en la prisión de Magdalena se reduce, en el tratamiento de múltiples medios de difusión, a una suma de anécdotas sobre la vida infrazoológica de la prisión, las posibles causas que generaron el llamado motín y las escasísimas defensas opuestas a la muerte. De modo paralelo se recogen algunas versiones sobre los hechos de los políticos de profesión en funciones gubernamentales. No se registra la mera y elemental condolencia a los familiares de los muertos por parte de autoridad alguna. Nadie explica el sentido de mano dura explícita que significa esta pena de muerte extrajudicial o que se trataba, en su gran mayoría, de presos sin condena o sea inocentes hasta que una sentencia firme dijera exactamente lo contrario.

La “operación limpieza” ya se ha producido como producto del “gatillo fácil” carcelario y subsiste la idea, abrumadora, cruel, pero dentro de cierta tradición luctuosa del país, que los muertos fueron “tirados” para desestabilizar a alguna campaña política en abstracto o a algún funcionario en concreto...

Los que murieron eran gente de abajo que son los que pueblan las cárceles (aun de los países centrales). En círculos áulicos se habla de la “selectividad del sistema penal”. Es un eufemismo avieso. Lo que ocurre es que la aplicación de la ley penal es, dicho en castellano, discriminatoria, de ahí que a la cárcel llegan los delincuentes pobres y fracasados. Los delincuentes económicos rompen la red de la justicia.

Los presos han dejado de interesar al sistema. Y el control social institucional se atasca y atiborra de detenidos y las comisarías amplían sus funciones -y desnaturalizan las propias- alojándolos en sus cubículos. Vivimos en tiempos del Estado-control social y es mejor cuanto más represivo aparece para solucionar los miedos del hombre medio.

A ello se suma la pena de muerte extrajudicial en las calles y en las cárceles. Y digo pena de muerte porque la aplican organismos formales del poder punitivo del Estado, policía y administración carcelaria, de modo deliberado e, incluso, mediante omisiones garrafales.

En la pasada época del capitalismo industrial interesaban los reclusos y su “readaptación social”. Se entendía que, ya en libertad condicional o definitiva, podían devenir útiles al sistema como operarios cual un eslabón de la cadena productiva. Readaptación era enseñanza de trabajo en las prisiones. Pero para el sistema neoliberal, que alienta al capitalismo financiero y de servicios, los recluidos han dejado de interesar. Ni sus vidas ni sus muertes. Además, ¿a qué enseñar trabajos en las cárceles si luego no se consiguen empleos en extramuros? Ser preso es dejar de ser persona humana, convertirse en categoría legal para el mundo de las estadísticas.

No debemos asombrarnos si los colchones que existen en casi todas las prisiones son de poliuretano y que ello ocurra en el país de la lana o del yute que es lo que se prescribe para las cárceles. El poliuretano quedó demostrado en el mal llamado “motín de los colchones”, en tiempos de la dictadura, de la cárcel de Villa Devoto (14 de marzo de 1978) en que murieron por asfixia y quemaduras 61 reclusos del pabellón 6, lanza, al tomar contacto con el fuego, un humo denso que llena rápidamente los pulmones. Al fin, estalla en bolas de fuego que se pega en las carnes de la población hacinada. Hubieron otros casos: el de la cárcel de Olmos en 1992 y en Formosa en la Comisaría del Menor... Y allí está el conmovedor ejemplo de lo ocurrido en la Disco Cromañón.

También en Magdalena hubo “ausencia del Estado” que permite penetrar en un lúgubre trasfondo: el neoliberalismo cumple su planificación mediante el paradigma de un Estado penal, autoritario, que está lanzado, dentro de las democracias formales, al control social de los de abajo, de los probables insumisos y rebeldes. Y, por cierto, de quienes han tomado por el atajo del delito o la protesta social. Por desgracia siempre habrá que esperar soluciones esquinadas y muertes de los sin chance.

El sistema no avanza hacia el pleno empleo pero elimina a aquellas personas que engendró.

DECLARACION DE LOS ORGANISMOS DE DD.HH DE SANTA FE POR LA CAUSA INUNDACION

Los Organismos de Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, patrocinantes de la causa inundación, queremos manifestar brevemente el marco que rodea esta causa.-

En la antigüedad los griegos representaban su propia historia, las heroicas y dolorosas fueron sus tragedias, las mentiras y falsedades fueron sus farsas.-

He aquí la tragedia-

Creemos con profunda convicción que la política es ante todo un acto de servicio, por los más humildes, por los más necesitados, por el pueblo todo, por su progreso, por su igualdad de posibilidades y, en definitiva, por un futuro y un presente mucho más justo.-

Cuando la política se convierte en un concurso de lealtades a espaldas del pueblo, la verdad, la realidad, se transforman en la primera víctima.-

Esta triste realidad del 29 de abril de 2003 con sus voces acalladas, con sus gritos sumergidos, con sus gemidos de ayuda, se levantan hoy ante el concierto de encubrimientos, de lo que queremos denominar la historia de las mentiras verdaderas.-

Pedimos por un momento a todos que se pongan a pensar por un instante en el lugar de aquel ciudadano, de aquel ser humano único, identificable por su vida, por sus trabajos, por sus afectos, por su vida misma, lo que habrá sentido en el instante último ante una muerte por inmersión, que no la eligió, que no la esperaba, que no la merecía. Piensen por un instante, la posibilidad cierta de si ese ser humano podría estar hoy con sus afectos, con su trabajo, con su vida misma.-

Desde allí, solamente desde allí, nos podemos identificar con la verdad. Por eso decimos que todo aquel que no parta en esta historia desde ese punto, que no se pregunte por qué murieron, comienza a transitar el camino del encubrimiento de las lealtades políticas, mafiosas y corruptas, en definitiva el camino de las mentiras verdaderas.-
Porque en verdad hay que mentir bien para poder justificar esta historia.-

He aquí la farsa.-

Recuerden por un momento para entender la trama de estos hechos quienes fueron los teros, cuáles fueron las voces en la capital de los ingenieros en recursos hídricos, en las peleas, en las treguas, en las concesiones de obras sin licitación, en el panorama político de aquel entonces, en la industrias de las consultorías de la obra pública, de antes, durante, y ahora. En la obra de la farsa, las declaraciones modifican la obra de ingeniería. Ojalá hubieran hecho la obra real.-

Los personajes aparecen, ora de empleado del estado, ora de consultor furioso. Son los mismos actores atendiendo distintos mostradores. Sigan los apellidos, las relaciones de socios ocultos, la esposa de, el esposo de, el primo de, los entornos compartidos, y se entenderá la obra misma. No la obra de ingeniería, porque esa quedó abierta, sino la obra de las mentiras verdaderas. No sabia, no me avisaron, no hubo plata, nos descuidamos; en definitiva, en la segunda provincia más rica de Argentina, un terraplén de defensa terminaba en un tapial de mampostería y los pobres, que se jodan.-
Los actores de reparto no hace falta nombrarlos, son por todos conocidos. El actor principal nos tiene acostumbrados a representaciones de vieja data. Una vez no vio un cartel y salió primero, la prensa de la dictadura militar rugió por el valor de esa hazaña, otro triunfo deportivo.- Otra vez, aquí cerca, en Sauce Viejo, vio al diablo y nadie sabe por qué, otra vez escuchó voces que no pudo identificar, otra vez hizo llegar el agua hasta Plaza España, otra vez repartió fondos a comunidades alejadas de Plaza España hasta doscientos kilómetros, otra vez dijo que nadie le avisó y antes de salir del escenario regó con juzgados de paz a sus parientes, amigos y entenados porque la ley lo habilita, total los que pagan y los que sufren no pueden llegar nunca a Mónaco. Solo le falta, al igual que Calígula, nombrar a su caballo en la función pública y la farsa estará completa.-

He aquí la reflexión de la tragedia y de la farsa.-

En las últimas décadas se ha producido el asalto al estado provincial, asalto que lleva en su seno el desmenbramiento del mismo y que abarca todos los poderes públicos.-
Quienes condujeron esta política, sucesivamente en los tres poderes públicos, entienden que la tragedia no puede ser descubierta, porque es la tragedia misma de su política. Es entonces que nos quieren conducir a la farsa.-

La justicia en esta tragedia, se parece a la construcción de la defensa del río Salado: deja una parte abierta por donde se van los meses, las pruebas y no se enfrenta a los hechos.-

La justicia cuando es lenta no es justicia.-

Pero miren cómo son las cosas esa misma justicia es rapidísima para enjuiciar a dos inundados luchadores, que osaron, vaya razón, pedir justicia y rapidez.-

En calle Gorostiaga por donde ingresó el agua debería colocarse una piedra como en la antigüedad y que diga:

Por aquí ingresó alegremente el río Salado, en la capital de los ingenieros en recursos hídricos, e inundó en su mayoría a pobres, murieron más de cien personas según cuentas de cuatros loquitos, como dijo el gobernador Obeid.-
Ellos no sabían, nadie les avisó que vivían en terrenos bajos inundables y que se olvidaron de firmarle a la provincia que no le harían juicio por su muerte.- Solamente los caballos del hipódromo se dieron cuenta y se fueron. La justicia todavía no los procesó…

MADRES DE PLAZA DE MAYO DE SANTA FE
FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Santa Fe 14 de octubre de 2005

NOTA A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE SANTA FE POR CASO DE HANTAVIRUS

Santa Fe, 12 de octubre de 2005.-

Sr. Domingo Pochettino
Secretaría de Derechos Humanos
De la Pcia. De Santa Fe
S / D


De nuestra mayor consideración:

Desde la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, venimos a poner en su conocimiento la situación de carencias, abandono y desamparo en que se encuentra la familia de Emiliano Ruiz Diaz, el menor que falleciera por hantavirus.
A partir de la confirmación del diagnóstico de la patología que causara la muerte del menor, la familia fue trasladada a una habitación en el predio de una iglesia evangélica, sin poder retirar ninguna de sus pertenencias de la que fuera su casa, para evitar la propagación del virus, según se le informó, pero tampoco se le proveyó de lo indispensable para vivir. Solo le dieron unos colchones y algunas frazadas, pero no camas, por lo que duermen en el piso. Tampoco les dieron cocina ni los enseres necesarios para hacer las comidas, perdieron sus ropas y calzados y solo desde la iglesia que les dio albergue, los han ayudado prestándoles algunos elementos de cocina.
El estado de salud en que se encuentra la madre del niño fallecido es muy serio, aún está en estado de shock, habiéndose agravado patologías previas a la muerte del pequeño. Presenta problemas de hipertensión, diabetes y una permanente ideación suicida, que expresó en reiteradas oportunidades durante la entrevista que tuvimos con ella.
Necesita medicación que no se le provee, porque dicen que en el Hospital Mira y López, donde se atiende, no tienen en existencia. El compañero de la señora aún no ha podido reintegrarse a su trabajo, ya que ella no puede quedarse sola en el estado en que se encuentra, por lo tanto no está cobrando sueldo alguno.
Sobreviven con 200 pesos que le dieron en promoción comunitaria hace 15 días para cubrir todos los gastos que requiere dar de comer a cuatro menores, uno de ellos discapacitado, y a los padres, comprar los elementos de higiene necesarios, ropa y calzado, teniendo en cuenta que no se les permitió retirar nada de su vivienda y quedaron, literalmente, con la ropa que tenían puesta. Deben tenerse en cuenta también los gastos que les ocasiona el traslado en colectivo al hospital de niños, donde les están haciendo el seguimiento y los laboratorios correspondientes a todo el grupo familiar por el control de hantavirus.
La señora Eulalia Ruiz Díaz, narra que al momento de la inundación, vivía en barrio San José, en el sector que se inundó, a raíz de lo cual se le hundieron los pisos y se desmoronó el pozo negro, quedando su casa inhabitable. No fue reconocida como inundada, por lo que no se le pagaron ni tan siquiera los cuatro mil pesos del subsidio.
La familia no eligió vivir en el lugar adjudicado, hubiera preferido que le paguen lo que le correspondía y arreglar su casa. Tampoco eligió el estado de abandono y suciedad, con aguas servidas y plagados de ratas, sin los servicios que son indispensables. Son estas condiciones de vida, en medio de las ratas, las aguas servidas, los zanjones a cielo abierto y la basura putrefacta, las que determinaron que Emiliano se contagiara y muriera.
Ahora se han hecho presentes en el barrio, distintos organismos de gobierno provincial y municipal, desgraciadamente demasiado tarde para Emiliano y su familia.
Nos preguntamos si era necesario que muriera un niño y quedara destruida una familia para que los responsables de velar por la vida y la salud de los ciudadanos comenzaran a hacer algo de aquello a lo que se comprometieron al momento de inaugurar el barrio.
En la entrevista, la Sra. Eulalia manifestó no querer volver a vivir en la casa asignada, por los recuerdos que le ocasiona y por miedo a que al resto de sus hijos le pase lo mismo que a Emiliano. También manifestó que desde la Municipalidad le habían prometido entregarle un terreno para que pudieran levantar su vivienda. Creemos de absoluta justicia que esta promesa se cumpla.
Ante la situación descripta, solicitamos la urgente intervención de esa Secretaría para la resolución de la situación de vulnerabilidad y riesgo de vida que atraviesa este grupo familiar. Ponemos en su conocimiento que en el día de la fecha llamó por teléfono la pareja de la señora, quienes en el día de mañana deberían hacerse presentes en el Hospital de niños, para los seguimientos médicos antes mencionados, y el día jueves nuevamente con los menores, manifestando que no podrán concurrir al citado nosocomio, por no contar con el dinero para los pasajes, y mencionando haber solicitado la colaboración de la Municipalidad, la que le fue negada. Esto es un agravante más de la realidad de este grupo familiar.
Que atento a que la familia se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad y existe riesgo de vida para la señora Eulalia Ruiz Díaz, se requiere del Estado, por intermedio de su Secretaría, la mayor protección de sus derechos, como así también la asistencia adecuada ante lo vivido, considerando su estado de necesidad y pobreza.
Por lo expuesto, solicitamos tenga a bien arbitrar los medios correspondientes para solucionar la problemática señalada en todos sus aspectos, como así también hacer valer el respeto de los derechos humanos fundamentales, garantizados por nuestra Constitución y los tratados internacionales a que adherimos.
Quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta saludamos a Ud. atentamente.-



Dra. Paula Condrac Milagros Demiryi Celina Kofman
Equipo legal M.E.D.H Madres de Plaza de Mayo
De Santa fe


Marcelo Villar
Familiares Desaparecidos y Detenidos
Por Razones políticas

DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA

INUNDADOS SOBRESEIDOS DESPUES SER PROCESADOS POR UNA MARCHA

Un juez de Faltas los había procesado por una marcha frente a Tribunales. Pero otro magistrado penal no encontró delito alguno.

Por Juan Carlos Tizziani

La causa que la justicia santafesina abrió a un grupo de víctimas del río Salado que se manifestó en forma pacífica en el Palacio de Tribunales -hace seis meses? para pedir juicio y castigo a los responsables de la catástrofe del 29 de abril de 2003 terminará en el archivo. El juez José Luis Giavedoni (Correccional 6º) dictó el sobreseimiento de dos integrantes de la Marcha de las Antorchas, Graciela García y Héctor Sanagustín, a quienes el juez de Faltas Héctor Valli, había indagado por "incumplimiento de normas legales", pero después consideró que los manifestantes habían cometido el supuesto delito de "desobediencia" y giró el expediente a su colega del fuero penal. Sin embargo, Giavedoni discrepó con Valli y cerró la causa. "El hecho de manifestarse no constituye delito alguno", dijo el magistrado.
La protesta se realizó el 15 de abril último. Primero, en el hall de Tribunales, con una ronda en silencio y velas encendidas. Y después, en el subsuelo, frente al despacho del juez Diego de la Torre (Instrucción 7), quien investiga la catástrofe del río Salado, pero que ese momento no estaba presente en el Juzgado. El grupo de manifestantes se limitó entonces a leer un petitorio con su demanda de justicia ante una investigación que ya se extendió por más de dos años y "aún no hay imputados ni procesados".
"¡Justicia!", fue el grito que se escuchó una y otra vez. Tres policías y hasta el prosecretario de la Corte Suprema, Jorge Freyre, formaron barrera para proteger el despacho del juez De la Torre, a pesar de que los manifestantes siempre se mantuvieron a buena distancia.
Cuatro meses más tarde, el juez Valli llamó a indagatoria a García y Sanagustín para acusarlos por un supuesto "incumplimiento de normas legales": el artículo 57 del Código de Faltas que prevé arresto de hasta 15 días o multas de hasta 600 pesos. La causa había sido abierta a instancias de otro funcionario de la Corte Suprema, el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas ?jefe del doctor Freyre?, quien solicitó al juez Valli que "tenga presente un informe de la guardia policial (de Tribunales), donde narraba los hechos ocurridos el 15 de abril".
Valli pidió entonces los datos filiatorios de García y Sanagustín al Departamento Informaciones de la Policía (D?2) y hasta solicitó un informe al Ente de la Reconstrucción para saber si eran inundados y habrían cobrado el subsidio que otorgó el gobierno de Jorge Obeid que, en uno de los casos, apenas alcanzó a 2.800 pesos. Una tarea de inteligencia.
"Esto es una persecución política. Si los que tienen que administrar justicia convierten el derecho de los ciudadanos a pedir justicia en un delito, estamos perdidos", denunció García. Mientras que Sanagustín consideró que "la causa era una risa. La inventaron, armaron un expediente sin pruebas y notificaron el hecho 18 semanas después. Fuimos a ejercer el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y lo hicimos ante quien correspondía", agregó.
La defensa de los inundados coincidió en la advertencia. "Tribunales tiene muchas causas pendientes, entonces sorprende que pongan en marcha la maquinaria judicial para un hecho como éste. Además, no veo el sentido de pedir datos filiatorios de una persona al Ente de la Reconstrucción. Lo normal es que se lo haga ante Secretaria Electoral o la Policía para ver si tiene antecedentes. ¿El juez querrá decir que si ellos cobraron subsidios no pueden ir a reclamar?", se preguntó la abogada Lucila Puyol.
A mediados del mes pasado, la causa tuvo otro giro. El juez Valli consideró que más que reprochar una falta a los manifestantes, éstos podrían haber incurrido en el delito de "desobediencia". Por lo tanto, se declaró incompetente y giró el expediente al juez Giavedoni. "Vinieron con la intención de entrar a Tribunales. Y desobedecieron una orden policial que es un delito más grave y ya no una falta de importancia menor. Debemos ser muy estrictos y derivarlo al juez competente", explicó. "La falta que yo investigaba en un principio era una desobediencia sin intención, pero después me di cuenta que no, que hubo una intención de desobedecer la orden policial".