DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA

INUNDADOS SOBRESEIDOS DESPUES SER PROCESADOS POR UNA MARCHA

Un juez de Faltas los había procesado por una marcha frente a Tribunales. Pero otro magistrado penal no encontró delito alguno.

Por Juan Carlos Tizziani

La causa que la justicia santafesina abrió a un grupo de víctimas del río Salado que se manifestó en forma pacífica en el Palacio de Tribunales -hace seis meses? para pedir juicio y castigo a los responsables de la catástrofe del 29 de abril de 2003 terminará en el archivo. El juez José Luis Giavedoni (Correccional 6º) dictó el sobreseimiento de dos integrantes de la Marcha de las Antorchas, Graciela García y Héctor Sanagustín, a quienes el juez de Faltas Héctor Valli, había indagado por "incumplimiento de normas legales", pero después consideró que los manifestantes habían cometido el supuesto delito de "desobediencia" y giró el expediente a su colega del fuero penal. Sin embargo, Giavedoni discrepó con Valli y cerró la causa. "El hecho de manifestarse no constituye delito alguno", dijo el magistrado.
La protesta se realizó el 15 de abril último. Primero, en el hall de Tribunales, con una ronda en silencio y velas encendidas. Y después, en el subsuelo, frente al despacho del juez Diego de la Torre (Instrucción 7), quien investiga la catástrofe del río Salado, pero que ese momento no estaba presente en el Juzgado. El grupo de manifestantes se limitó entonces a leer un petitorio con su demanda de justicia ante una investigación que ya se extendió por más de dos años y "aún no hay imputados ni procesados".
"¡Justicia!", fue el grito que se escuchó una y otra vez. Tres policías y hasta el prosecretario de la Corte Suprema, Jorge Freyre, formaron barrera para proteger el despacho del juez De la Torre, a pesar de que los manifestantes siempre se mantuvieron a buena distancia.
Cuatro meses más tarde, el juez Valli llamó a indagatoria a García y Sanagustín para acusarlos por un supuesto "incumplimiento de normas legales": el artículo 57 del Código de Faltas que prevé arresto de hasta 15 días o multas de hasta 600 pesos. La causa había sido abierta a instancias de otro funcionario de la Corte Suprema, el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas ?jefe del doctor Freyre?, quien solicitó al juez Valli que "tenga presente un informe de la guardia policial (de Tribunales), donde narraba los hechos ocurridos el 15 de abril".
Valli pidió entonces los datos filiatorios de García y Sanagustín al Departamento Informaciones de la Policía (D?2) y hasta solicitó un informe al Ente de la Reconstrucción para saber si eran inundados y habrían cobrado el subsidio que otorgó el gobierno de Jorge Obeid que, en uno de los casos, apenas alcanzó a 2.800 pesos. Una tarea de inteligencia.
"Esto es una persecución política. Si los que tienen que administrar justicia convierten el derecho de los ciudadanos a pedir justicia en un delito, estamos perdidos", denunció García. Mientras que Sanagustín consideró que "la causa era una risa. La inventaron, armaron un expediente sin pruebas y notificaron el hecho 18 semanas después. Fuimos a ejercer el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y lo hicimos ante quien correspondía", agregó.
La defensa de los inundados coincidió en la advertencia. "Tribunales tiene muchas causas pendientes, entonces sorprende que pongan en marcha la maquinaria judicial para un hecho como éste. Además, no veo el sentido de pedir datos filiatorios de una persona al Ente de la Reconstrucción. Lo normal es que se lo haga ante Secretaria Electoral o la Policía para ver si tiene antecedentes. ¿El juez querrá decir que si ellos cobraron subsidios no pueden ir a reclamar?", se preguntó la abogada Lucila Puyol.
A mediados del mes pasado, la causa tuvo otro giro. El juez Valli consideró que más que reprochar una falta a los manifestantes, éstos podrían haber incurrido en el delito de "desobediencia". Por lo tanto, se declaró incompetente y giró el expediente al juez Giavedoni. "Vinieron con la intención de entrar a Tribunales. Y desobedecieron una orden policial que es un delito más grave y ya no una falta de importancia menor. Debemos ser muy estrictos y derivarlo al juez competente", explicó. "La falta que yo investigaba en un principio era una desobediencia sin intención, pero después me di cuenta que no, que hubo una intención de desobedecer la orden policial".