CARTA AL GOBERNADOR HERMES BINNER

Santa Fe, 19 de mayo de 2010


Sr. Gobernador de la
Provincia de Santa Fe
Dr. Hermes Binner
S / D


Los abajo firmantes, integrantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, ponemos de manifiesto ante Ud. lo siguiente:

En esta provincia, desde el inicio del período democrático el 10 de diciembre de 1983 han ocurrido una larga lista de amenazas, intimidaciones, robos y atentados

Con la creación de la Co.Na.De.P. nacional y luego la provincial los Organismos de Derechos Humanos fueron amenazados por los grupos de tareas e inteligencia del aparato represivo. Seguimientos, amedrentamientos, interferencias de teléfonos, pintadas, volantes amenazantes, listas desprestigiando a militantes fueron habituales es esa etapa, para culminar con el robo de los Tribunales de Rosario.

Estos hechos recrudecieron con el juicio a la junta militar y con los levantamientos de semana santa (1987) y Monte Caseros (1988).-

Detenciones arbitrarias como las que sufrieron Pedraza y Barquin y amenazas a declarantes de la Co.Na.De.P. provincial estuvieron a la orden del día.-

Los represores fueron apañados y protegidos por el gobierno provincial de la época, y algunos de ellos llegaron incluso a ser funcionarios, como por ejemplo Correa, Rieghe, Bernhardt.

Estas situaciones volvieron a producirse al aprobarse las leyes de obediencia debida y punto final, sin solución de continuidad.-

Durante toda la década de finales de los 80 y comienzo de los 90, estos hechos continuan. El fiscal Ricardo Molinas era amenazado tanto en Buenos Aires como en Santa Fe. Cada amenaza fue denunciada sin obtener nunca respuesta adecuada a estos hechos.-

Con el inicio de los juicios en España, el área de amenazas se extiende a periodistas y colaboradores de Organismos de Derechos Humanos.

Una compilación de estos hechos se entregó en enero de 2007 a quien lo precediera en el cargo, en una carta abierta que adjuntamos (http://casaddhh.blogspot.com/2007_01_01_archive.html). La misma fue realizada luego de la desaparición de Jorge Julio López y la seguidilla de hechos producidos en nuestra provincia, especialmente el secuestro en Venado Tuerto de Héctor Bustos.-
Han pasado más de 3 años desde aquella presentación y ninguno de esos hechos fueron investigados. Al contrario, la lista se engrosó:

En la noche del 23 al 24 de marzo de 2008 se arrojaron volantes en la puerta de ATE-Casa España durante la realización de un acto y en los domicilios particulares de testigos y miembros de Organismos de DDHH. Todos ellos firmados por “JUVENTUD FASCISTA.COM
Esa misma noche, aparecieron pintadas de cruces svasticas sobre el Mural de la Memoria y vivas a Videla en distintos lugares de la ciudad.
En junio de 2008, volantes firmados bajo el nombre de montoneros fueron arrojados en cercanías de domicilios de testigos del juicio a Brusa. En el texto indicaba “adhieren … “ y continuaba una lista de nombres de testigos, querellantes y abogados de los juicios por terrorismo de estado.
En la misma fecha fue robada la placa en homenaje a Rodolfo Walsh colocada el 25 de marzo de 2008.
En setiembre de 2008, a raíz de la conferencia dictada por la Dra. Filoñuk (fiscal del juicio a Menéndez), aparecieron diversas pintadas a favor de Bussi y Menéndez.
Ese mismo día fue incendiado el auto particular de la custodia policial de dos testigos frente a su domicilio y a solo una hora del hecho el jefe policial de la Unidad Regional I sostenía, sin prueba científica alguna, que era accidental. La hipótesis del delito común o del hecho casual se repetiría permanentemente.-
En marzo de 2009, nuevamente volantes y amenazas, además de las pintadas y robo en el estudio de una abogada de HIJOS.
Pintadas en Rosario en el domicilio de un integrante de la Secretaría de DDHH.
Robo en Rosario de un auto de la Secretaría de DDHH y carta intimidatorio a un funcionario de la misma.
Amenaza y agresión a una querellante en pleno centro de la ciudad de Santa Fe y a plena luz del día. Posteriormente se produjo un intento de ingreso a su domicilio particular. Este caso es particularmente grave ya que esta persona posee custodia permanente del programa de protección a testigos.
Amenazas e intimidaciones del grupo denominado “LA HERMANDAD” en la ciudad de Reconquista.
Robo de un disco rígido de una computadora en tribunales de Reconquista. Estos 2 hechos son contemporáneos con el comienzo de la instrucción y detenciones por la represión en la 2da. Brigada Aérea con asiento en esa ciudad.
En la etapa de instrucción de la “Causa Brusa” las intimidaciones y amenazas alcanzaron incluso a integrantes del Poder Judicial.
En los últimos meses, particularmente durante el transcurso del juicio “Causa Brusa” recrudecieron los hechos de amenazas, interferencias telefónicas a querellantes, testigos y abogados, fiscales y familiares de integrantes del tribunal. Incluimos aquí la presencia, en una de las Audiencias, de San Emeterio, militar y abogado de la llamada Unión de Promociones (grupo de militares, policías y penitenciarios que operan desde hace unos años en Rosario y Santa Fe apoyando abiertamente a los genocidas).
Luego de declarar en esta misma causa el ex comisario Avelino Canteli, se produce el secuestro de uno de sus vecinos muy parecido físicamente. La víctima informó que los secuestradores lo confundieron con Canteli.
Uno de los últimos hechos que resaltamos por su particular gravedad es el ocurrido en Rosario en el domicilio de una hija de desaparecidos, querellante y empleada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, donde dejaron un claro mensaje de intimidación.
A todo esto hay que agregar una larga lista de hechos que aparecen disimulados como “delitos comunes” cuyas víctimas casualmente siempre son el mismo grupo de testigos de causas de lesa humanidad, o personas relacionadas con los mismos.
El 24 de marzo de 2010, como es habitual, aparecieron pintadas en el Mural de la Memoria, en el Colegio Inmaculada y más volantes reivindicando el proceso.
Una práctica permanente es la interferencia de teléfonos.
El asesinato de Silvia Suppo, luchadora ejemplar contra la impunidad, es la máxima expresión del costo que tiene la impunidad en la provincia.
Por último, el 2 de abril, día en que se realizaba la primer marcha en Rafaela pidiendo justicia por Silvia Suppo, a tan solo 3 horas de finalizada dicha marcha del Silencio, en la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe a las 15:27 horas, se recibió un mail amenazando con el regreso de los vuelos de la muerte y de los submarinos entre otras cosas.

Es justamente la impunidad de los genocidas la causa principal de inseguridad; y es hacia los imputados y encausados de cometer tales crímenes, hacia los responsables del Terrorismo de Estado, que debe dirigirse la labor de inteligencia para impedir que actúen, tal como se decidió en su momento en La Plata por parte del Juzgado Federal que investiga crímenes de lesa humanidad. No avalamos la lógica de pensar en los testigos como una “población especial” a la que hay que “cuidar”, lógica que nos llevaría a una espiral de medidas “de seguridad” que afectan los derechos humanos de aquellos que luchan contra la impunidad y que, por otro lado, es técnicamente imposible de resolver si pensamos en la masividad de los testigos; se trata, y ese es el primer paso estatal que reclamamos, de asumir de una vez por todas el carácter específico de los juicios de lesa humanidad en todas sus dimensiones, incluida la del acompañamiento y seguridad de los testigos.-
Expresamos nuestra preocupación por la inexistencia de voluntad política y la inacción para desmantelar el aparato represivo existente en la provincia, tal como venimos reclamando desde hace años, ni de investigar los hechos ocurridos hasta las tan mentadas “ultimas consecuencias”.
Como agravante de todo lo mencionado, se produjeron en los últimos días las liberaciones de Domingo Morales, Carlos Alberto Settel y Mario Carmelo Ferger en Santa Fe y de Ruben Lofiego, Mario “el cura” Marcote y de Ramón Vergara en Rosario, genocidas comprometidos en causas por delitos de lesa humanidad y a escasos días del comienzo de los juicios orales, permitiéndoles llegar a los mismos en libertad, condición que mantendrán cuando se los declare culpables y hasta la confirmación de la sentencia.
Desde los Organismos de DDHH y demás organizaciones hemos realizado todas las formalidades que indica la burocracia estatal para que quien corresponda tome conocimiento y actúe en consecuencia y, tal como dijimos en la conferencia de prensa, este gobierno fue advertido, previo al inicio de los juicios, de la posibilidad cierta de que en la provincia asesinaran a un testigo.
No nos queda menos que recordarle que como máxima autoridad en la provincia, Usted es el responsable de la seguridad de todos los ciudadanos. Nuestra exigencia y energía en el reclamo es porque, como lamentablemente lo demuestra el asesinato de la compañera Silvia Suppo, lo que está en juego es la vida de las personas.
Por último, solicitamos a Ud. una audiencia con carácter de urgente.


FIRMAN LA PRESENTE

Casa de Derechos Humanos de Santa Fe
Madres de Plaza de Mayo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Asociación Trabajadores del Estado
Asociación Docentes Universidad Nacional del Litoral
AMSAFE Provincial
AMSAFE Capital
CTA
Federación Juvenil Comunista
Partido Comunista
Movimiento Territorial Liberación
Octubre Movimiento Universitario de Izquierda
Iglesia Evangélica Metodista Santa Fe
Carpa Negra de la Dignidad y la Memoria
F.M. Popular Barrio Santa Rosa de Lima
Radio Chalet
Estudiantes del Instituto 12
Asociación Cultural Israelita Argentina “I.L. PERETZ”
Coro Freilej
Kinder Club
Centro de Estudiantes de la Fac. Ingeniería Química
Asociación Civil Las Diversas
Proyecto Sur
Asociación Ex Presos Políticos
Asociación Civil Juanito Laguna
Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias – Agrupación Andamio
Casa de la Cultura Indo Afro Americana