CAUSA INUNDACION – LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

El 19 de abril el Juez Patrizzi resolvió procesar por estrago culposo a los ex funcionarios Marcelo Álvarez, Edgardo Berli y Ricardo Fratti. Si bien seguirán en libertad bajo palabra, se les trabaron embargos por $50.000 a cada uno.
También dictó la falta de mérito a Carlos Miguel Gómez Galissier, José D’Ambrosio, Carlos Alberto Filomena, Juan Carlos Caffaratti, Juan José Maspons, Jorge Alfonso Bounous y Alejandro Hugo Álvarez Oporto.
Por último el Dr. Patrizi sostuvo que en el estado actual del proceso no existen elementos suficientes para sospechar que Carlos Alberto Reutemann haya participado en los sucesos investigados.
Pocos días después de conocerse la resolución judicial en el marco de la causa inundación, el abogado patrocinante de los actores civiles, Dr. Ricardo Hase, adelantó que presentarán nuevas pruebas e intentarán que el juez Jorge Patrizi tenga en cuenta elementos que ya se encontraban en la investigación.
"En la esfera penal, las facultades del actor civil son muy acotadas. No podemos apelar, pero sí aportaremos pruebas y pediremos el aseguramiento de otros elementos que sólo el juez puede ordenar. Impulsaremos que continúe la investigación. Tenemos nuevas pruebas para aportar y haremos hincapié en otros elementos que están, pero que no se tuvieron en cuenta".
Hase remarcó que "la resolución del juez de ningún modo es definitiva. Incluso, cuando dictó falta de mérito, significa el compromiso de continuar la investigación. Tampoco cerró la posibilidad de llamar a Carlos Reutemann a indagatoria".
"Creemos que existen elementos contra Reutemann para un juicio de probabilidad. Al menos para que sea indagado. Un ministro no puede firmar ninguna resolución por sí, salvo las administrativas de su área. Se lo prohíbe la Constitución de la provincia. Necesita la firma del gobernador", insistió Hase.
Si bien Hase prefirió no adelantar qué nuevas pruebas se pueden presentar en esta causa, remarcó en varias oportunidades que "tal vez se deba ampliar la investigación a una gestión provincial anterior a la de Reutemann", cuando no se completó la obra de cerramiento del Tramo III de la defensa sobre el Salado.
Otro miembro del equipo legal del actor civil, el jurista Jorge Elizondo, se expresó sobre la figura de Carlos Reutemann indicando que “es responsable por ser el jefe máximo de la administración en ese momento, por lo tanto estaba a cargo de la Defensa Civil y la propia ley lo determina. El hecho de que él no haya integrado en ese momento, como dice la sentencia de Patrizzi, el comité correspondiente es un incumplimiento de los deberes de funcionario público.”
En este sentido, “es responsable por dos razones; primero por no haber previsto y adoptado las medidas correspondientes para evitar que la inundación afectara la ciudad de Santa Fé, conociendo el peligro existente y teniendo en sus manos la posibilidad de acceder a la información técnica necesaria. En segundo lugar, por no haber evacuado cuando tenía todos los elementos para actuar y cuando tenía los medios para hacerlo”.
Sobre esto, el abogado resaltó que no comparte el punto de vista de estrago culposo y que en realidad debería ser estrago doloso, “porque entiendo que él representó la posibilidad del daño, se representó la posibilidad del peligro y siendo el estrago un delito de peligro concreto, que no depende del daño causado, la configuración del delito no depende del resultado, pero si la pena, como la muerte de personas si agrava la pena, pero no la configuración del delito que está determinada a partir de la situación de peligro que se crea cuando se causa la inundación.”
El defensor de Ricardo Ángel Fratti, Dr. Pegassano, pidió que se le revoque el auto de procesamiento a su defendido por el delito de estrago culposo ya que el ilícito atribuido requiere un poder actuar y ha quedado palmariamente demostrado que los superiores a él, entre ellos el gobernador Reutemann, se encontraba en el lugar de los hechos en forma permanente y el día 27 de abril de 2003 se hizo presente en el Tramo II cuando empezó a entrar el agua.
Lo descripto lleva a sostener a la defensa de Fratti que quien tenía el control de la situación era precisamente el gobernador, la máxima autoridad de la provincia en ese momento, quien contaba con todas las facultades y los medios a su alcance para paliar o solucionar la situación que se presentaba como grave.
Por eso resulta irrisorio, grosero e injusto, para Pegassano, atribuir responsabilidad por semejante catástrofe a un funcionario de segunda línea, quien tenía un escaso presupuesto para disponer.
Queda claro entonces que Fratti no pudo actuar, simplemente porque se encontraba Reutemann verificando y controlando la situación en todos los sectores en riesgo.
También el mismo gobernador se constituyó en el Hospital de Niños casi en forma simultánea, lo que nos da la certeza que conocía los hechos, recorría y monitoreaba personalmente la zona, por lo que no era necesario avisarle nada de lo que estaba ocurriendo.
La presencia de la máxima autoridad significa no sólo estar al tanto de la situación y su gravedad, sino que supuestamente está analizando qué órdenes dar a sus inferiores.
Hasta aquí, los argumentos de la defensa planteada por el Dr. Pegasano.
El fiscal Raúl Reyes solicitó a la Cámara de Apelaciones que cite a declarar al ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann, en la causa que investiga posibles delitos de funcionarios en las inundaciones de 2003. El fiscal basa su solicitud en que al gobernador le cabe la función de conocer un panorama general de lo que ocurre en la provincia, a pesar de que designe a funcionarios especializados en cada una de las áreas. Si es cierto que ninguno de sus colaboradores le informó acerca de los riesgos que representaba el río Salado en abril de 2003, Reyes plantea que el ex gobernador Reutemann debió haber preguntado.
El ex gobernador siempre sostuvo en su defensa que ningún integrante de su gabinete lo advirtió sobre la magnitud de la crecida y los daños que podía causar. “Nadie me avisó”, repitió varias veces en público. La tesis apareció después en el fallo de Patrizi, que cargó las culpas sobre los dependientes de Reutemann y lo exculpó a él. El juez dio por supuesto que Berli y Fratti –ambos son ingenieros en recursos hídricos– estaban en condiciones de evaluar el “riesgo” que vivía Santa Fe y “disponer las medidas adecuadas para evitar o por lo menos mitigar la entrada de agua en la ciudad”. Pero los ex funcionarios “no advirtieron la realidad de la situación, a pesar de poder hacerlo, por lo que tampoco podrían haber informado fehacientemente al gobernador acerca de ello” (el texto encomillado corresponde al fallo)
En cambio, el fiscal Reyes sostuvo que el ex gobernador tenía la obligación de “conocer el panorama general de la provincia” y si sus ex funcionarios no le informaron sobre el “riesgo” de la crecida, él “debió haber preguntado”. Es importante aclarar que no es necesario pedir el desafuero de Reutemann para llamarlo a indagatoria.