DOCUMENTO LEIDO EN SANTA FE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2006

DOCUMENTO DEL ACTO 20 DE DICIEMBRE
Diez años de menemismo con un alineamiento a rajatabla con los intereses norteamericanos, las privatizaciones y el desmantelamiento del aparato productivo, el dominio del capital financiero en nuestro país y su política neoliberal Todo parecía adverso a los intereses del pueblo y la sensación de una profunda derrota se hacia sentir.
En esa circunstancia se produce el triunfo de la alianza que en alguna medida traía cierta esperanza de cambios para algunos sectores de nuestra sociedad. Lejos de eso la continuidad con las políticas desarrolladas en la era menemista eran evidentes hasta en reciclar al superministro de economía de Menen. La política económica en contra de los trabajadores y demás sectores populares, el alineamiento con EEUU y la negativa a juzgar a los genocidas era la verdadera política de Estado.
Pero el espíritu indomable y de resistencia de amplios sectores del pueblo argentino seguían produciendo a pesar de la situación adversa, luchas a lo largo y ancho del país. Los organismos de derechos humanos abrían juicios en el exterior ante la imposibilidad de hacerlo en nuestra patria como consecuencia de las leyes de la impunidad.
Los docentes se atrincheraban en la carpa blanca en defensa de la educación pública. Los estudiantes hacían lo mismo en contra del arancelamiento de las universidades. Los obreros comenzaban un proceso en el que recuperaban y abrían fábricas cerradas y vaciadas por sus patrones.
El movimiento de trabajadores desocupados ganaba las calles con sus cortes y piquetes haciendo visibles el hambre y la desocupación masivas. Este proceso silencioso constituido por infinidad de luchas sectoriales y aisladas que seguía generando el pueblo argentino es catalizado tal vez de alguna manera por la gran desilusión con el gobierno de la Alianza. Corralito de por medio y ante la bravuconada de declarar el estado de sitio para controlar los desbordes que ya se habían dado los días previos, se produce la gesta heroica del 19 y 20 de diciembre.
El pueblo argentino dijo basta a esta política de entrega y de hambre, se había producido un salto en la conciencia de grandes sectores populares.
Pese a las recurrentes convulsiones economicas, crisis de representacion politica y acuciantes procesos de exclusion y desintegracion social que sacudieron a nuestro pais durante las ultimas 3 decadas, la argentina ha logrado preservar la vigencia del regimen constitucional y el sistema democratico. Sin embargo, estas cirscunstancias han repercutido negativamente, erosionando severamente las condiciones de vida del pueblo y generando una preocupante apatia civica con el consiguiente deterioro de la calidad de las instituciones de la republica.
Surgen las asambleas barriales como un ensayo de construcción de un poder popular y la gente va por más, las gargantas y los corazones son ganados por el “que se vayan todos” y no sólo es visualizado el poder político en la figura del presidente y demás gobernantes de turno como los responsables de la situación, sino que también se avanza sobre la corte suprema, máximo símbolo de la entrega y la corrupción reinantes.
La respuesta del gobierno fue una feroz represión que dejó un saldo de más de 30 muertos a lo largo y a lo ancho del país, mientras De la Rua y su gabinete, caían estrepitosamente.
En Bs. As., aunque más no sea han hecho la parodia de llamar a declarar a los gobernantes y responsables políticos de las masacres del 19 y 20 de diciembre. En Santa Fe, provincia que tiene el triste privilegio de la mayor cantidad de asesinados, ni tan siquiera han hecho esto. Todo lo contrario, cada uno de los responsables de aquellos crímenes, se han reciclado en distintos cargos de gobierno, y cuando la provincia no les alcanzaba, recurrieron a la nación, donde también hay lugar para ellos.
Los crímenes de diciembre del 2001 tienen un máximo responsable político, el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann. La connivencia del poder político con el poder judicial, teje la trama de la impunidad que permite no sólo que los asesinos e instigadores políticos eludan la justicia sino también que se paguen los favores con premios de cargos o ascensos como el caso del juez Reyes, a cargo de estas investigaciones, quien fue ascendido a Camarista.
A cinco años de estos crímenes y mientras el pueblo se prepara para movilizarse exigiendo Justicia, las causas para enjuiciar a los responsables avanzan con medidas que entorpecen este camino y favorecen a los asesinos. Tal lo sucedido en la causa de Pocho Lepratti, donde el abogado del policía condenado hace una presentación pidiendo la anulación de la condena, y la resolución del juez Dr. Ernesto Genesio, que ordena la libertad del cabo de la Policía Provincial Luis Armando Quiroz, procesado por el asesinato de Graciela Acosta, una humilde luchadora social de V. G. Gálvez,.víctima de los sucesos de diciembre.
La obsenidad de este vergonzo fallo y las maniobras dilatorias, demuestran una vez más que la justicia no tiene reparos en complacer al poder político, dando la espalda al pueblo.

El mismo poder político y sus socios del Poder Judicial incluida la Corte Suprema, son los responsables de la impunidad en relación a la catástrofe hídrica, evitable, del 29 de abril del 2003. Un tercio de la ciudad bajo el agua. Más de 150 muertos, cientos de personas con secuelas psicofísicas, pérdidas de viviendas, de bienes, de proyectos de vida.
Una única respuesta ante los innumerables pedidos de justicia de los afectados y ante la causa penal llevada adelante por los Organismos de Derechos Humanos: INJUSTICIA, IMPUNIDAD, CORRUPCIÓN.
A más de tres años y medio, la justicia no ha encontrado ningún responsable. Pasaron dos jueces: De La Torre y Patrizi. Ninguno encuentra pruebas suficientes para llamar a declarar a Reutemann. Con el agravante de que el fallo del Juez Patrizi es una clara defensa del exgobernador y una muestra más de la parcialidad y el compromiso de los poderes de turno.
El aparato judicial de la provincia, tiene piezas claves en cada instancia y una forma de administrar justicia que responde lisa y llanamente a los intereses de los máximos responsables. La cadena de favores se repite una y otra vez y los mismos personajes aparecen en escena.
El fiscal de la causa inundación, Dr. Favareto, que también fue fiscal ante la masacre del 19 y 20 en Santa Fe, se parecía más a un abogado defensor de los inundadores que acusador de los mismos. Y lo hizo tan bien y con tanto esmero, que fue premiado recientemente con el cargo de juez.
Estamos en la provincia Capital de la Impunidad. La impunidad ha reinado durante muchos años tanto en nuestro país como en la provincia. Son innumerables los hechos que llenan las páginas negras de una impunidad construida y sostenida por más de 20 años: el brutal crimen Sandra Cabrera; los cientos de casos de gatillo fácil; las masacres y asesinatos en cárceles y comisarías, por mencionar algunos. En todos y cada uno de estos casos, se evidencia la complicidad y la corrupción de los distintos poderes, encubriendo tanto a funcionarios como a personal policial y penitenciario implicados.
La desaparición del compañero Jorge Julio López, desnuda el estado de impunidad reinante en nuestro país, con toda su crudeza. El método de secuestro y desaparición forzada no tiene otros responsables que las fuerzas armadas, la policía, los servicios de inteligencia y sus cómplices civiles.
Tanto el secuestro como la campaña de amenazas, atentados, acciones de amedrentamientos, deja a las claras que esto es obra de sectores organizados a nivel nacional con capacidad operativa a lo largo y ancho del país, buscando perpetuar la impunidad a través del miedo y de obstaculizar los juicios. Su objetivo no es otro que el de lograr una amnistía que libere a los represores de someterse a los mecanismos de la Justicia.
A tres meses el gobierno nacional no ha tomado las medidas necesarias para esclarecer la desaparicion de nuestro compañero, ni para proteger y dar seguridad a los testigos.
Es urgente que se anulen los indultos a los genocidas, solo falta la desición política para hacerlo, ya que el gobierno tiene amplia mayoria en ambas camaras. También es urgente, el inmediato desmantelamiento del aparato represivo.
En Santa Fe, desde el inicio del juicio a algunos de los responsables del terrorismo de estado, son innumerables los hechos de intimidaciones y amenazas, que recrudecieron a partir de la desaparición de López.
Las amenazas a jueces, fiscales, testigos, madres y familiares de desaparecidos, organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales como el reciente atentado a Amsafe, se suman a otros hechos similares como el féretro tirado en la radio de la universidad, las pintadas reivindicando el golpe del 24 de marzo y los atentados al Mural de la Memoria, por mencionar algunos.
Ninguno de estos hechos al día de hoy, han sido investigados. La responsabilidad del gobierno provincial es ineludible y se convierte en una amenaza latente, el silencio, la inacción o posturas tales como las del ministro de gobierno que ante estos hechos, no tiene más respuesta que la de reivindicar las fuerzas policiales, lo hecho en la gestión anterior y pedir pruebas a quienes denunciamos y exigimos el desmantelamiento del aparato represivo en la provincia.
La deuda del reinado de la impunidad, se paga con el peligro latente que existe a partir de que los represores siguen libres, cuando no en funciones, dentro del mismo aparato estatal y/o reciclados en agencias de seguridad privada.
En la principal provincia, productora y exportadora de alimentos, la deuda económico social se paga con más de la mitad de los niños santafesinos viviendo por debajo de la línea de pobreza, con bajo peso, con desnutrición infantil y con la muerte por enfermedades de la miseria. Así también como con índices alarmantes de desocupación, subocupación y precarización laboral.
No podemos aceptar para los trabajadores, ningún salario que esté por debajo del valor de la canasta familiar.
El trabajo genuino para todos los desocupados, es la única fuente de dignidad y construcción del ser humano. Mientras se arbitren las medidas políticas necesarias para terminar con el desempleo, exigimos un plan de universalización del ingreso, que contemple a todos los desocupados, y cuyo monto no sea menor de 450 pesos y que incluya la capacitación paga en diversos oficios para facilitar el acceso al mercado laboral.
La Municipalidad y la Provincia son los principales empleadores en negro que violan todas las leyes laborales. Es imprescindible, implementar políticas que terminen con la sub ocupación, con los contratos basura y con el clientelismo.
Hoy, con tasas de crecimiento economico excepcionales surgidas basicamente de un contexto internacional favorable y del esfuerzo de los trabajadores y otros sectores productivos, aparece en el horizonte la posibilidad de que una accion estatal adecuada logre el aporte de los distintos actores sociales para crear un nuevo consenso y avanzar hacia una nacion mas justa e igualitaria. No obstante, dicha perspectiva de cambio no se advierte porque subsiste el modelo de acumulacion neoliberal cuya logica de mercado y su correspondiente matriz distributiva permanecen basicamente inalteradas.
Los caminos por los que aún falta transitar son: La justa y equitativa distribución de la riqueza, las políticas de generación de empleo genuino, la protección a la niñez y adolescencia, a los ancianos y jubilados, a las minorías, así como la administración de una justicia independiente. La lucha librada por todos los sectores y ciudadanos, nos ha permitido avanzar en el logro de algunas reivindicaciones. Su continuidad y profundización, es el único camino para lograrlo.
¡APARICION CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL TERRORISMO DE ESTADO!
¡ANULACIÓN DE LOS INDULTOS A LOS GENOCIDAS!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA INUNDACIÓN DEL 2003!

¡DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO!

¡DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA RIQUEZA YA!