Persecusión Política e Ideológica a Inundados

Por Juan Carlos Tizziani- Un juez indagó a dos inundados de Santa Fe, por reclamar justicia. En abril, un grupo de manifestantes escrachó en Tribunales al magistrado que investiga la trágica inundación. "Estamos siendo perseguidos. Esto es una persecución política. Si los que tienen que administrar justicia convierten el derecho de los ciudadanos a pedir justicia en un delito, estamos perdidos", denunció la líder de la Marcha de las Antorchas, Graciela García, una de las imputadas que ya estuvo detenida hace un año y medio cuando otro juez Correccional, Orlando Pascua, ordenó el allanamiento de la Carpa Negra de la Memoria y Dignidad. El otro indagado es Héctor Sanagustín, a quien militantes del PJ atacaron a golpes en la última aparición pública de Carlos Reutemann en Santa Fe, por arrojarle un huevo al auto del gobernador Jorge Obeid.
La justicia santafesina abrió una causa a un grupo de víctimas del río Salado que hace cuatro meses se manifestó en forma pacífica en el Palacio de Tribunales para pedir juicio y castigo a los responsables de la catástrofe del 29 de abril de 2003. El juez de Faltas, Héctor Valli, ya indagó a dos de los manifestantes por supuesto "incumplimiento de normas legales y de seguridad en edificios públicos", lo que les puede costar quince días de arresto o una multa de 600 pesos a cada uno. "Estamos siendo perseguidos. Esto es una persecución política. Si los que tienen que administrar justicia convierten el derecho de los ciudadanos a pedir justicia en un delito, estamos perdidos", denunció la líder de la Marcha de las Antorchas, Graciela García, una de las imputadas que ya estuvo detenida hace un año y medio cuando otro juez Correccional, Orlando Pascua, ordenó el allanamiento de la Carpa Negra de la Memoria y Dignidad. El otro indagado es Héctor Sanagustín, a quien militantes del PJ atacaron a golpes en la última aparición pública de Carlos Reutemann en Santa Fe, por arrojarle un huevo al auto del gobernador Jorge Obeid. La investigación judicial fue impulsada por el secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Bordas, y el juez Valli pidió informes al Departamento de Inteligencia de la Policía (el tristemente célebre D2) y al Ente de la Reconstrucción para saber si los manifestantes eran inundados y si habían cobrado el subsidio que, uno de los casos, apenas llegó a los 2.800 pesos.
La manifestación se realizó el 15 de abril cuando los resistentes de la
Marcha de las Antorchas que reclaman juicio y castigo a los
inundadores -como llaman a los responsables políticos de la catástrofe del
río Salado- escracharon en el propio Palacio de Tribunales al juez Diego de la Torre (Instrucción 7ª) por dilatar la investigación que ya lleva más de dos años sin imputados ni procesados. "¡Justicia! ¡Justicia!", fue el
reclamo a voz en cuello: primero en una ronda con velas en el hall del
primer piso y luego en el subsuelo, frente al despacho del magistrado. Un escrache relámpago que generó corrillos a medida que resonaban los gritos. Algunos empleados del juzgado de De la Torre salieron al pasillo y otros sólo se animaron a espiar detrás de las puertas. Una barrera humana intentó proteger la oficina del juez con tres policías y el prosecretario de Gobierno de la Corte Suprema, Jorge Freyre, pero no pudo evitar que los escrachadores leyeran un documento que pensaban entregar en el Juzgado. "¡Sabemos que al juez De la Torre lo puso Reutemann!", disparó una mujer. "¡Justicia!", replicaron los escrachadores.
Cuatro meses después, el juez Valli llamó a indagatoria a dos de los manifestantes por supuesto "incumplimiento de las normas legales", el artículo 57 del Código de Faltas que prevé arresto de hasta 15 días o multas de hasta 600 pesos. La causa fue impulsada por el propio secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia -el superior de Freyre-, quien solicitó al doctor Valli que "tenga presente un informe de la
Guardia Policial, donde narraba los hechos ocurrido el 15 de abril".
Y Valli actuó. Pidió los datos filiatorios de los manifestantes al
Departamento Informaciones de la Policía (D-2) y un informe al Ente de la
Reconstrucción para saber si eran inundados y habrían cobrado el subsidio
que otorga el gobierno.
La defensa de los manifestantes denunció la "persecución política.
Tribunales tiene muchas causas pendientes, entonces, sorprende que pongan
en marcha la maquinaria judicial por este hecho", dijo la abogada Lucila
Puyol a LT10. "No veo el sentido de pedir datos filiatorios de una persona
al Ente de la Reconstrucción. Lo normal es que se haga a la Secretaria
Electoral o la Policía para ver si tiene antecedentes. ¿Querrá decir el juez que si cobraron subsidios no pueden ir a reclamar? No se entiende por qué pedirle al Ente si estas personas cobraron un subsidio. No es esto lo que se está investigando", advirtió.
La líder de la Marcha de las Antorchas, Graciela García, justificó la
manifestación del 15 de abril en su derecho a pedir justicia. "Lo venimos
haciendo desde el 29 de abril de 2003, hace más de dos años, y hasta ahora
no hay respuestas. Nosotros ejercimos ese derecho de peticionar, pero ya
vemos cómo funciona la justicia en Santa Fe. Si los administradores de
justicia convierten el derecho de los ciudadanos a pedir justicia en un
delito, estamos perdidos", afirmó en un diálogo con Rosario/12. "Pero
nuestro objetivo es la búsqueda de verdad y justicia. Y la memoria. Eso es
lo que nos sostiene. Cuando marchamos, cantamos que 'no nos moverán' de esas convicciones. Y no nos moverán".
"Es muy extraño lo que pasa en Santa Fe, porque dan vuelta las cosas. Ya lo hicieron con la ley de reparación y ahora con la demanda de justicia: acá hubo 23 muertos directos y a 29 meses todavía no hay ningún procesado ¿O es que la vida de la gente del oeste no vale nada? Es bochornoso lo que está pasando", dijo García.
-¿Cómo interpreta que la causa se inició a pedido de un secretario de la
Corte Suprema?
-Otro bochorno. Los niveles a los han bajado son vergonzosos, que un
secretario de la Corte se ocupe de estos temas ya lo dice todo -concluyó.